Varios exfuncionarios del Ayuntamiento de Nigrán (Pontevedra), que han declarado como testigos en el juicio contra tres expolíticos y varios técnicos por presunta prevaricación en la adjudicación del contrato de recogida de basura en 2004, han confirmado que el pliego de condiciones para esa licitación no tenía expediente de contratación ni se presentaron facturas por su elaboración, sino que lo aportó el propio alcalde «en un disquete».

Así lo han trasladado durante su comparecencia en la segunda jornada del juicio que se sigue estos días en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra contra 8 acusados (entre ellos el exalcalde Alfredo R.M., y los exediles Avelino F.A. y Antonio F.C.) por haber amañado supuestamente la adjudicación de ese contrato a Cespa a cambio de ‘mordidas’.

Uno de los testigos que ha comparecido ante el tribunal ha sido el exsecretario general del Ayuntamiento, que ha señalado que el pliego de condiciones para esa licitación fue aportado por el propio alcalde en ese soporte informático, y que dicho documento no fue elaborado por funcionarios.

De hecho, ha señalado que el pliego no tenía ni fecha de elaboración ni se conocía su autoría, algo que «no es regular», aunque ha apuntado que es habitual que, en contratos complejos, se utilicen como base otros pliegos, y que se adapten a las especificidades de cada contrato.

Este testigo ha señalado que, el proceso para resolver el contrato de recogida de la basura se hizo muy rápido, dado que se inició 6 meses antes de la adjudicación, y con plazos «perentorios», ya que a finales de ese 2004 se acababa el plazo del contrato que estaba en vigor.

Por otra parte, el exsecretario ha explicado que se hizo un contrato menor por parte del alcalde a una asesoría externa para dar asistencia en el proceso de valoración de las ofertas. El informe de esta empresa no fue analizado pormenorizadamente por este funcionario, ya que se dispuso de muy poco tiempo para llevarlo a Mesa de Contratación, aunque el testigo ha señalado que, en su elaboración, «había una motivación aparentemente exhaustiva».

Asimismo, también ha reconocido que se hizo constar en una diligencia, dado que no es lo habitual, que la documentación de la licitación, incluido el sobre con las ofertas de las empresas que se habían presentado, fue reclamada por el alcalde (Alfredo R.M.) para que se guardara en un anexo a su despacho, en un arcón, aunque se dieron dos llaves a sendos funcionarios en un sobre, que no se abrió hasta un año después.

NI EXPEDIENTE NI FACTURAS DEL PLIEGO

En la misma línea, el que entonces era funcionario técnico de gestión en el área de Contratación, ha ratificado que no existía expediente del contrato de elaboración del pliego, ni facturas por ese trabajo, y que el documento «fue aportado desde Alcaldía».

También ha remarcado que «normalmente», los expedientes de las contrataciones eran custodiados por su departamento o por el secretario municipal, aunque en ese caso, el alcalde había ordenado que quedarían bajo su custodia. «El alcalde era el jefe de Personal, y yo obedecí su orden», ha añadido.

Una semana más tarde, el propio alcalde entregó a este funcionario y al secretario un sobre con dos llaves que abrían el arcón donde estaba esa documentación. «Durante esos días no sé lo que pasó, irían los técnicos a ver el expediente a la Alcaldía, pero no lo sé», ha afirmado.

ACUSACIÓN PÚBLICA

Según el escrito de acusación pública, el entonces regidor de Nigrán, Alfredo R.M., se concertó con el concejal y líder del partido independiente PINN, Avelino F.A.(que también fue alcalde del municipio), y con un concejal de esta formación, Antonio F.C., para ‘amañar’ la adjudicación del contrato de la basura.

Para ello, el alcalde sacó a concurso el servicio y él mismo se encargó de tramitar el pliego de condiciones, dando apenas 30 días para la presentación de ofertas. Asimismo, contrató a una consultora externa para que elaborase un informe que favoreciera la adjudicación a Cespa.

El regidor contó con el apoyo de los dos concejales, así como de dos funcionarios, un ingeniero municipal (sobre el que se ha archivado la acusación, al haber prescrito en su caso el delito de prevaricación) y un consultor para llevar a cabo su propósito y, finalmente, el contrato se adjudicó a esta empresa.

La Fiscalía sostiene que, a cambio, la concesionaria abonó al alcalde 102.173,35 euros; otros 88.206,71 euros al líder del PINN; y 7.409 euros a Antonio F.C. Además, Cespa alquiló varios locales de los que eran copropietarios la mujer de Antonio F.C. y dos funcionarios, y otro local propiedad de Avelino F.A., por unas rentas anuales «desproporcionadas».

DELITOS Y PENAS

Por estos hechos, el Ministerio Público considera a los principales encausados autores de los delitos de prevaricación y cohecho, mientras que el resto son acusados como cooperadores necesarios o cómplices. Además, señala que concurre la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.

Así, pide para Alfredo R.M. un año de prisión, 10 años de inhabilitación y multa de 50.000 euros; la misma pena solicita para el que era delegado de Cespa, Jorge G.D.; para Avelino F.A. solicita un año de prisión y 5 años de inhabilitación, y multa de 3.000 euros; y para Antonio F.C., un año de prisión, 10 años de inhabilitación y 4.000 euros de multa.

Para el ingeniero de la consultora pide 5 años de inhabilitación, y para la mujer de Antonio F.C. pide un año de cárcel, 5 de inhabilitación y multa de 3.000 euros, y penas de multa para los dos exfuncionarios. Finalmente, reclama que Alfredo R.M, Antonio F.C. y el delegado de Cespa indemnicen al Ayuntamiento de Nigrán en 5.340,77 euros.