Este martes se cumplen 5 años desde que se produjo la explosión de un almacén pirotécnico ilegal en el barrio da Torre, en Paramos, Tui (Pontevedra), que costó lo vida a un matrimonio, causó numerosos heridos y cuantiosos daños materiales, sin que, por el momento, se haya puesto fecha para la celebración del juicio contra el único acusado por estos hechos, Francisco G.L., dueño de la pirotécnica La Gallega y responsable de ese almacén.

Con motivo de este aniversario, la plataforma de afectados por esta catástrofe ha convocado un nuevo acto de recuerdo a las víctimas mortales, un matrimonio de origen marroquí que dejó dos niños huérfanos menores de edad, y para reivindicar su lucha porque se haga justicia.

Así, en el barrio da Torre, se guardará un minuto de silencio, se hará una ofrenda floral y se leerá un texto. También está prevista la intervención de algún representante del Ayuntamiento de Tui y la del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

En septiembre del año pasado, el juzgado de instrucción número 1 de Tui (Pontevedra) dictó auto de apertura de juicio oral contra Francisco G.L., y la Fiscalía acusa a este hombre de dos delitos de homicidio imprudente, delitos de lesiones imprudentes, delitos de riesgo catastrófico provocado por explosivos, un delito imprudente de estragos y delitos de daños imprudentes. El ministerio público pide que sea condenado a penas que suman 14 años de prisión, además de inhabilitación para ejercer profesión relacionada con artefactos pirotécnicos.

También reclama que pague indemnizaciones que suman millones de euros por daños en 430 viviendas y 76 vehículos, por lesiones físicas a 36 personas, por daños en servicios públicos y en diferentes empresas; además de compensar a los hijos del matrimonio fallecido, en 280.000 euros a cada uno.

En su auto, la jueza de instrucción también acordó que el investigado, la empresa pirotécnica y su entidad aseguradora presten una fianza de 11,2 millones de euros. Con esta resolución se puso fin a la fase de investigación judicial, tras más de 4 años, 147 tomos de una causa con más de 37.200 folios, y con la apertura de 508 piezas de responsabilidad civil, y ahora resta fijar la fecha de la vista oral.

RECONSTRUCCIÓN

En los últimos años, la mayor parte de las viviendas afectadas por la explosión ya han quedado reconstruidas o rehabilitadas, algunos vecinos decidieron dejar el barrio, y unas pocas propiedades, segundas viviendas, ya no han vuelto a levantarse.

El portavoz de la plataforma de afectados, Salvador García, ha hecho balance de estos 5 años, y ha destacado que «con unidad, se consiguen cosas». Al respecto, ha puesto en valor algunas de las cosas conseguidas con esta «pelea ardua»: un decreto de ayudas en cuyo diseño «se escuchó a los afectados», la declaración de zona catastrófica, la modificación normativa que les permitió reconstruir casas que estaba fuera del ordenamiento, la atención psicológica, etc.

«El acto de este martes será un homenaje, pero también un acto de cierre simbólico», ha explicado, toda vez que la cuestión de la reconstrucción de la ‘zona cero’ de la explosión ya está solventada, así como las ayudas. De hecho, ha explicado, la plataforma ha decidido repartir entre los afectados los fondos que aún tiene, a excepción de un remanente que se reservará para posibles acciones judiciales.

Es precisamente la vía judicial la que todavía no está cerrada, a falta de fecha de juicio. Eso supone que los afectados «todavía no pueden pasar página» porque su objetivo es que el presunto autor de la catástrofe «pague en la cárcel», ya que no solo ha provocado daños materiales y económicos, sino también daños personales y morales.

El único investigado está en libertad y, según ha explicado Salvador García, «todavía pasa de vez en cuando cerca» de la zona de la explosión, ya que una de sus hijas vive por allí. «Verlo pasar duele», ha reconocido el portavoz de los afectados.