Todas las asociaciones de jueces y fiscales, salvo la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) –la mayoritaria de los jueces–, se muestran a favor de aceptar la oferta de 450 euros al mes que les ha hecho el Ministerio de Justicia para evitar la huelga. Está previsto que esta tarde, a las 16.30 horas, continúen con la negociación y cierren los «flecos» del acuerdo.

Este jueves, tras más de tres horas de reunión en el marco de la Mesa de Retribuciones, las siete asociaciones han comunicado a los ministerios de Justicia y de Hacienda su postura sobre la propuesta que les presentaron el pasado martes, en la que se contempla una aportación de 46,7 millones de euros para mejorar las retribuciones de jueces y fiscales.

Según han informado varios portavoces de las asociaciones tras la sesión de esta mañana, la mayoría respaldará la oferta del Ministerio tras terminar de afinar esta tarde los detalles del acuerdo. De firmarse este pacto, se alejaría el escenario de huelga indefinida que estaba previsto a partir del 22 de mayo.

En declaraciones a la prensa, Edmundo Rodríguez, de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), ha incidido en que «parece ser que la mayoría de las asociaciones, todas menos una, están dispuestas a suscribir un acuerdo con el Gobierno». «Esta tarde lo que vamos a hacer es cerrar definitivamente los flecos de las materias en las que todavía existe alguna discrepancia», ha apuntado.

José Ignacio Martínez, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), ha asegurado que desde su asociación han «aceptado» la oferta que han hecho desde Justicia y Función Pública. «No es el acuerdo que nosotros queríamos, pero en un acto de responsabilidad con el ciudadano, con la Administración de Justicia, hemos decidido aceptar el acuerdo que se nos ha ofrecido», ha dicho.

Asimismo, Cristina Dexeus, de la Asociación de Fiscales (AF), se ha mostrado optimista ante la negociación con Justicia y ha asegurado que está proclive a aceptar el acuerdo, aunque precisa que aún quedan «determinados extremos» que aclarar; mientras que Inés Herreros, de la Unión Profesional de Fiscales (UPF), ha celebrado que la Mesa de Retribuciones esté más cerca de concluir «de forma satisfactoria». «Hay una mayoría sobrada en favor de que se firme el acuerdo», ha recalcado.

APM: «NO SERÍA EL PRIMER PROCESO QUE SE FRUSTRA»

Sin embargo, Juan José Carbonero, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ha avisado que nada garantiza que esta tarde se firme un acuerdo. Ha insistido en que el hecho de que «algunos interlocutores» aseguren que se va a redactar un acuerdo «no da por asegurado absolutamente nada».

«Cabe la posibilidad de que la negociación pueda pasar a otra fase, pero no garantiza nada. No sería el primer proceso que se frustra por la redacción que pueda tener una acuerdo», ha añadido.

Así las cosas, queda pendiente que esta tarde la APM comunique su postura definitiva sobre el acuerdo y precise si va a sumar o no a la mayoría que tiene previsto firmar con los ministerios de Justicia y Función Pública.

La decisión que se adopte esta tarde servirá también para esclarecer qué pasará con la huelga indefinida, que en un principio convocaron cinco de las siete asociaciones para el 16 de mayo y que luego suspendieron en aras de continuar con las negociaciones. Cuatro de estas asociaciones –AJFV, FJI, AF y APIF– se mostraron a favor de retrasarla hasta el 22 de mayo. La APM fue la única que no fijó fecha. La huelga, de momento, no se ha desconvocado.

LA PROPUESTA DE JUSTICIA Y FUNCIÓN PÚBLICA

La oferta que se debate este jueves incluye una partida de 46,7 millones de euros que se traduciría en un aumento medio individual ponderado de unos 447 euros en 12 pagas. Dicho incremento representaría una aumento medio sobre las retribuciones individuales de hasta el 7%, que se sumaría a la subida del 8% aprobada por el Gobierno para los funcionarios públicos.

Según fuentes cercanas a la negociación, los incrementos negociados en el marco de la Mesa de Retribuciones se abonarían en tres tramos: un 40% con carácter retroactivo a 1 de enero de 2023; un 40% que se devengará el 1 de enero de 2024; y un 20% que tendrá efectos económicos a 1 de julio de 2024.

Desde el Ministerio precisaron en un comunicado que el ofrecimiento incluía, además del incremento del complemento de destino por representación, la modificación de las leyes en tramitación para dotar a la presidencia de los tribunales de instancia de la «suficiente fortaleza como para hacer frentes a los nuevos retos de la organización». Según recalcó, las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia también «verían fortalecido su papel ejecutivo».

Respecto a la carrera fiscal, el Ministerio dirigido por Llop planteó «abordar con la mayor celeridad la tramitación de la conversión de plazas, el desdoblamiento de las fiscalías superiores en las comunidades autónomas uniprovinciales y la inclusión, en los anexos de la Ley 15/2003, de las plazas de fiscales decanos, fiscales delegados y fiscales de área».

Además, el Gobierno propuso que los integrantes de la Mesa de Retribuciones establecieran un «nuevo marco de relaciones, caracterizado por el diálogo continuado». «A tal fin, se constituirán grupos de trabajo permanentes, y la Comisión se convocará con carácter anual, para valorar el desarrollo y aplicación de los acuerdos alcanzados, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias y los trabajos desarrollados por los distintos grupos», detalló Justicia.

Asimismo, el Ejecutivo se comprometió a incrementar en 100 plazas la oferta de empleo público 2023 para jueces y fiscales, y «un incremento equivalente en la oferta correspondiente al año 2024», según explicó el Ministerio.