CCOO reclama una unidad psiquiátrica penitenciaria en Galicia dado que, de acuerdo con sus cifras, en torno al 30% de la población reclusa tiene algún tipo de patología mental. En concreto, a nivel autonómico, serían 1.026 las personas diagnosticadas.

A través de una rueda de prensa ofrecida este lunes desde Ourense, el sindicato exige la «urgente» creación de unidades psiquiátricas en prisiones y defienden la necesidad de que, al menos en la Comunidad gallega, se habilite una que esté dotada con los medios necesarios y el personal especializado y que «evite el desarraigo social».

Así, CCOO critica la propuesta del Ministerio de Interior de crear un psiquiátrico en la Comunidad Valenciana, porque estos 150 millones de inversión dejarían «sin recursos de salud mental y sin unidad psiquiátrica a las penitenciarias gallegas».

El sindicato manifiesta que el gasto del macro psiquiátrico debe destinarse a transferir la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, como ya es responsabilidad el resto de ámbitos de la salud.

«Es más económico y solucionaría la mayoría de los problemas garantizando el derecho a la salud de la población reclusa», ha manifestado el responsable de Salud laboral de CCOO en Instituciones Penitenciarias, Chema López.

El sindicalista ha explicado que, en lo económico, costaría alrededor de 131 millones de euros, pero además «se evitaría el desarraigo de los presos con sus familias» y «se garantizaría que aquellos que ya tienen dos condenas, la judicial y la de la salud mental, tengan el derecho a la salud en igualdad de condiciones» que la del resto de la población.

SUICIDIOS Y AGRESIONES

Asimismo, ha subrayado que «la mayoría» de las agresiones que sufre el personal penitenciario está relacionado con la falta de diagnóstico y tratamiento especializado de las patologías mentales.

López ha manifestado que CCOO quiere «frenar los suicidios y las sobredosis» y «para ello la salud mental es fundamental». Así, ha hecho saber que las últimas estadísticas de Instituciones Penitenciarias, del año 2020, sitúan en 43 los suicidios en toda España –14 de ellos estaban en un programa de prevención– y en 110 las tentativas.

«Se han incrementado a pesar de que la población reclusa ha bajado», ha apuntado el responsable de Salud Laboral de CCOO en Instituciones Penitenciarias, añadiendo que el 90% de agresiones en todo el Estado, a personal penitenciario, «se produce por un incremento de patología de enfermedades mentales sin personal preparado para atenderlas».

«Demandamos personal y un plan para tratar la enfermedad mental en prisión», han insistido los representantes sindicales, tras lo que ha afeado que la falta de recursos «está reconocida por todo el mundo excepto por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias».

A este departamento han acusado de «desmantelar la sanidad penitenciaria maltratando a su personal», porque las condiciones para hacer frente «a una situación cada vez peor» recaen directamente en el personal sanitario.

En este contexto, han lamentado que «más del 50% de las plazas» de médicos en Instituciones Penitenciarias «están sin cubrir» y advierten de que «parece que también quieren dejarnos sin personal de enfermería».

Así las cosas, piden que «se deje a un lado las demandas partidarias» y se acuerde un pacto de Estado «para salvar la sanidad penitenciaria».

O PEREIRO DE AGUIAR

Por otra parte, en el caso concreto del centro penitenciario de O Pereiro de Aguiar, CCOO ha denunciado las vacantes que tiene sin cubrir. De acuerdo con sus cifras, consta de una plantilla formada por 232 empleados públicos: 217 funcionarios y 15 trabajadores de personal laboral.

Así, afirman que hay 36 plazas sin cubrir entre los funcionarios y cuatro entre los laborales. Son un total de 40, el 17% del total.

A esta situación se le suma lo que desde el sindicato consideran «un grave problema», el envejecimiento de la plantilla, puesto que la edad media del personal penitenciario Pereiro de Aguiar está en los 57 años, con tan solo seis funcionarios menores de 40 años.

Además, han alertado de que en el plazo de un año se puede jubilar el 40% de la plantilla, «lo que haría imposible garantizar la viabilidad del servicio público penitenciario en Ourense con seguridad», según Silvia Fernández, la secretaria general de Comisiones Obreras en Instituciones Penitenciarias. Por ello, reclaman «soluciones ante la falta de personal para una buena seguridad».