La incomparecencia del letrado del presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, ha obligado este martes a suspender el juicio que está previsto celebrar en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de Sanabria, en la provincia de Zamora, donde el líder provincial de los populares ourensanos debía responder de un supuesto delito contra la seguridad vial.

Aunque el abogado del dirigente del PP había ya intentado el lunes, sin éxito, que el juez suspendiera la vista alegando un señalamiento anterior, finalmente esta no ha llegado a celebrarse ni siquiera por medios telemáticos, opción que había sido ofrecida por el juzgador, debido a la no comparecencia del defensor, según la información del gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press.

Ante esta situación, las mismas fuentes apuntan que el juzgado procederá a fijar un nuevo señalamiento.

La comparecencia estaba prevista a partir de las 9,30 horas de forma telemática ante el juzgado, donde Baltar tiene abiertas unas diligencias por un delito contra la seguridad vial en las que figura como investigado.

El dirigente popular fue multado con 600 euros –300 por pronto pago– y le fueron retirados seis puntos del carné de conducir, si bien a la vía administrativa se suma ahora la penal al haber excedido, presuntamente, en 84 kilómetros el límite de la vía, tal y como establece el atestado de la Guardia Civil, que aplica un margen de error del 5 por ciento en este caso al haber sido ‘pillado’ Baltar en el coche oficial por un radar fijo.

El artículo 379 señala que el delito contra la seguridad vial está castigado con pena de prisión de tres a seis meses o con la multa de seis a doce meses o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y, en cualquier caso, con la privación del derecho de conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a 1 y hasta 4 años.

«UN DESPISTE»

Días después de lo ocurrido, Manuel Baltar, al frente de la Diputación ourensana desde 2012, pidió disculpas y lo atribuyó «un despiste acontecido en una larga recta de la A-52, sin referencias de ningún tipo» y aseguró ser la primera persona en lamentar las consecuencias de una situación dolorosa para él, «derivada de un error aislado pero que no es, desde luego, adecuada».

Hasta el momento su propio partido, el PP, ha evitado dar pasos disciplinarios. Una de las últimas en pronunciarse ha sido la secretaria general de la formación en Galicia, Paula Prado, quien abogó por no adelantarse a «ninguna decisión judicial» y por evitar hacer «juicios paralelos».

En el lado opuesto se han posicionado, entre otros, distintos dirigentes políticos ourensanos, como el portavoz del PSOE en la Diputación, Ignacio Gómez, quien una vez reconocido que la vía política por la multa al presidente provincial está «agotada», una vez que sus «jefes» lo avalan y no le instan a dimitir, advirtió de que los socialistas «no van a parar aquí» y avanzó que lo «intentarán» en la vía judicial por el uso del parque móvil de la institución provincial para fines particulares.

En la misma línea se manifestó el portavoz del BNG, Bernardo Varela, quien lamentó que «hay un uso espurio» de un vehículo público por parte del presidente en lo que calificó como «un síntoma de cómo se maneja esta provincia con un presidente que entiende que el Pazo Provincial es su cortejo privado».

Hasta la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se hizo eco de lo ocurrido durante una visita a Ourense para apoyar al candidato de la formación morada, Toño Naval, que lidera la candidatura de confluencia en la ciudad para la cita electoral del 28 de mayo, al apuntar que «hay cientos de razones para sacar a Baltar de las instituciones».