Las más de 50 páginas de la denuncia relatada por el PP de Santiago de Compostela contra todos los miembros de la junta de gobierno local que participaron en la autorización del contrato con la nave de Desproi incluye la referencia a un anexo en el que se señala que para la propuesta de contratación con la empresa se siguieron «instrucciones de Alcaldía», actualmente dirigida por el socialista Xosé Sánchez Bugallo.

En el relato de la denuncia presentada en los juzgados, los populares destacan esta circunstancia e incluyeron, entre los 45 documentos anexos registrados, uno en el que se encuentra un escrito de la funcionaria directora de área de bienestar medioambiental para dar respuesta a una petición de información interdepartamental del Ayuntamiento. En él, (en el marco del expediente) se da información sobre la situación contractual de las dependencias en las que se desarrolla la actividad el departamento de Medio Rural y Parques y Jardines y la previsión de continuidad.

En este documento, del 15 de septiembre de 2022 (un año después de la firma), la funcionaria apunta que en septiembre de 2021 se firmó un informe técnico en el que se hacía constar la necesidad de dotar a los dos mencionados departamentos de unas instalaciones adecuadas para el desarrollo de su actividad laboral, dada la «inminente demolición de los espacios» que se venían ocupando. De ese documento (se aportó copia), se dio traslado a Alcaldía.

También remitió en esa respuesta el informe de estudio de precios del mercado sobre instalaciones idóneas para albergar los servicios que se precisaba alojar.

Añade en ese mismo documento que «siguiendo instrucciones de Alcaldía», se «elaboró una propuesta dirigida a la junta de gobierno local para la adopción del acuerdo de alquiler de las instalaciones». Un acuerdo del que ya tiene «constancia la dirección de área de régimen interior», a la que iba dirigida la respuesta sobre Desproi, que en la denuncia el PP liga con entidades «estrechamente vinculadas» al PSOE en referencia a Unións Agrarias y UGT, por su participación en las empresas que, a su vez, eran propietarias de la adjudicataria del contrato.

A su vez, a través de otra empresa (Servicios Técnicos Gaia), el (ya ex) concejal socialista José Manuel Pichel también era propietario de parte de Desproi, si bien vendió entre medias sus acciones, cuando ya se había aprobado en junta de gobierno la propuesta –finalmente elevada por la edila Mila Castro– de la contratación. Pichel acabó dimitiendo tras saltar a la luz el contrato y su situación, tras lo que se supo la deuda que acumulaba Desproi con el Ayuntamiento.

El propio regidor compostelano, Xosé Sánchez Bugallo, afirmó después que esta empresa no recibió «ni un euro» por parte de la Administración local, ya que se le «retuvieron los pagos al notificar irregularidades», las cuales dijo que en el momento de la contratación «no eran conocidas».

EL PP VE LA VINCULACIÓN CON BUGALLO

Para los populares, el documento de esta funcionaria significa que, «aunque formalmente la propuesta (de alquiler de la nave de Desproi) la firma la concejala» Mila Castro, «la orden parte directamente de la Alcaldía», es decir, «del denunciado Sánchez Bugallo», siempre según apuntan los populares en su denuncia remitida a los juzgados compostelanos.

De hecho, esta aportación documental es una de las novedades que añade el PP en la denuncia que firma el concejal José Constenla y que fue presentada en los juzgados compostelanos. También constituye una de las cuestiones por las que preguntaron al alcalde Bugallo en su comparecencia para abordar esta cuestión en sesión plenaria.

Ese día, el regidor compostelano sugirió que el edil que presentó su dimisión había engañado a los demás miembros de la junta de gobierno, ahora denunciados por el PP, al no haber «informado» al resto de sus compañeros de la situación de la nave y que se pudiesen «tomar las decisiones apropiadas con conocimiento de causa».

DENUNCIADOS

En el escrito presentado en los juzgados, el PP denuncia al alcalde de Santiago y a siete concejales, uno de ellos el dimitido Pichel, todos miembros de la junta de gobierno que aprobó el contrato. También denuncia a Desproi Promociones S.L. y piden incluir a «todas aquellas personas físicas o jurídicas» que durante la instrucción se pueda comprobar que participaron como «coautores, cooperadores, cómplices, inductores o responsables».

En el escrito presentado, el PP apunta que la actuación de los denunciados son presuntamente constitutivos de varios delitos contra la Administración Pública», tales como «prevaricación, tráfico de influencias, malversación, fraude en la contratación, negociaciones prohibidas a funcionarios y aquellos otros que puedan surgir de la instrucción».

A lo largo de la denuncia, los populares también exponen la «ilegalidad de la adjudicación y formalización» del contrato de arrendamiento de inmueble por los denunciados. En concreto, se fija en el contrato que firmó el alcalde con el actual administrador de la mercantil, José Luis Fernández Celis, «nada menos que el secretario de Organización y Administración de la Comisión Ejecutiva de UGT Galicia».

En este sentido, advierte que «contraviene» el propio acuerdo de la junta de gobierno local, que recogía cuatro meses de contrato, pese a lo que el documento firmado incluye «un año». Además, pone el acento en que fue «a sabiendas de que el documento lo había redactado la propia empresa Desproi», al respecto de lo que aportan grabación de la rueda de prensa en la que Bugallo indica esta cuestión.

El interventor municipal pidió una aclaración el 28 de noviembre de 2022 al respecto del pago de nueve facturas, al «tratarse de facturas posteriores a los cuatro meses autorizados por la junta de gobierno». Se podían autorizar prórrogas de no existir unas nuevas instalaciones, pero el contrato incluyó un año inicial prorrogable automáticamente por periodos de un año «sin referencia a la disponibilidad de terrenos».

En la denuncia se recuerda que «no consta», al PP, si hubo respuesta, pero sí hay un informe del interventor del 29 de diciembre de 2022 en el que se deja constancia de la «omisión de la función interventora» y de «irregularidades detectadas», que darían lugar a una contratación «nula de pleno derecho», pese a lo cual, la junta de gobierno local del 30 de diciembre de 2022 «autoriza y reconoce la obligación de pago» a la sociedad adjudicataria.

Los populares también reseñan las resoluciones de la concejala de Hacienda, Marta Abal, por la que se «compensan las deudas» con la empresa Desproi, de 126.060,28 euros, más 56.683,34 de intereses, recargos y costas, lo que hace un total de 172.743,72 euros, por tributos municipales impagados.

En febrero de 2023, además, se recoge otro informe de la misma concejala en la que la deuda asciende a 111.606,19 euros, más los intereses, por lo que se desprende que Desproi «sigue generando más deuda a base de no pagar nuevamente el IBI», en este caso el de 2022. «Cabe preguntarse si pretende no abonar nunca el IBI a cambio del mantenimiento del contrato del alquiler en cuestión», apuntan los populares en la denuncia.

SITUACIÓN

En días pasados, trascendió que la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Santiago, Mercedes Rosón (una de las denunciadas), firmó un decreto con fecha del 17 de abril en el que se ordenaba el cierre (en un plazo de cinco días) del local de Desproi, junto con la «suspensión de actividad del centro de negocios, alquiler de oficias y almacén». El nombre comercial se corresponde con Cadoiro Centro de Negocios.

Al respecto, el portavoz del gobierno local, Sindo Guinarte otro de los denunciados), ha ceñido este expediente a «una cuestión administrativa» de índole «urbanística». La empresa presentó alegaciones en el tiempo establecido, por lo que no llegó a clausurarse.