El exfuncionario del Ayuntamiento de Vigo condenado por haber ‘enchufado’ a una cuñada de Carmela Silva (concejal y presidenta de la Diputación de Pontevedra) en una contrata municipal, Francisco Javier G.O., ha pedido la revisión de la condena de 5 años y 3 meses de prisión que le impuso la Audiencia Provincial, y que luego confirmó el Tribunal Supremo.
En un escrito remitido por su letrado al tribunal provincial, se solicita que se revise dicha pena, al entender que se le debe aplicar la nueva redacción del tipo penal, en virtud de la Ley Orgánica 14/2022 que modificó, entre otros delitos, el de malversación de dinero público.
Este exfuncionario fue condenado por prevaricación continuada, malversación de caudales públicos y falsedad documental, por haber promovido la contratación de una familiar de Silva en una concesionaria del Ayuntamiento, en la que cobró unos 108.000 euros por unos trabajos que no llegó a realizar.
Según ese escrito remitido, en aplicación de la nueva redacción del código penal, la pena que se le debe imponer debe ser inferior a los 5 años y 3 meses. Con todo, la representación procesal de Francisco Javier G.O. reconoce que la sentencia no se puede revisar si la ejecución de la pena está suspendida.
Al respecto, hace un año la Audiencia Provincial acordó suspender la ejecución de la condena mientras se tramitaba la petición de indulto presentada por el exfuncionario (solicitud rodeada de polémica, por plantear entre sus argumentos su pertenencia a UGT y al PSOE, y por la adhesión de varias asociaciones y colectivos vigueses que reciben subvención desde el Ayuntamiento de Vigo).
No obstante, el pasado 11 de abril, el tribunal provincial dictó un auto en el que daba un plazo de 5 días a Francisco Javier G.O. para entrar en prisión, al entender que, después de un año, su solicitud de indulto debía considerarse desestimada.
Su defensa recurrió este auto, alegando que, si bien la petición de la medida de gracia no había obtenido respuesta del Ministerio de Justicia, tampoco ha habido hasta ahora una resolución expresa que se la haya denegado.
