Una decisión judicial, a raíz de un recurso del promotor, ha paralizado hasta que se resuelvan las medidas cautelares la ejecución del derribo de las torres de O Garañón, en Lugo.

La alcaldesa de la ciudad, Lara Méndez, ha ratificado este martes que la decisión judicial se produce a raíz de un recurso del promotor y que, «como sucedió cuando lo hizo Banco Santander, mientras no se resuelva, hay esas medidas cautelares».

En todo caso, la regidora ha manifestado que espera que «pueda ser cuestión de días». «Esperemos que se resuelva como la vez anterior y podamos seguir con el gran objetivo que es demoler O Garañón», ha recalcado.

Precisamente, la alcaldesa, el concejal de Urbanismo, Álvaro Santos, y un representante de la empresa que derribará O Garañón entraron el pasado viernes, 21 de abril, en la finca para firmar el acta de replanteo de la demolición e inicio de obra, que podría comenzar en las próximas semanas.

«UNA CHAPUZA»

Por su parte, el PP local ha emitido un comunicado en el que sitúa el anuncio de la paralización del derribo como «un capítulo más de una chapuza y de un engaño sin precedentes» a los lucenses por parte del gobierno local, al que atribuye el «ridículo más absoluto» tras haber montado «un teatrillo».

Para los populares, el derribo de O Garañón «no es ningún éxito» porque «la licencia dada por (José Ramón Gómez) Besteiro y sus compañeros de corporación del PSOE está costando, además de muchos disgustos, mucho dinero» a los vecinos de la ciudad de la muralla.

En concreto, esgrimen que, además «de los 600.000 euros» que costará el derribo de las torres, se estima que una vez que se tiren los edificios habrá que pagar «más de 200 euros por cabeza en concepto de indemnización al promotor, que pide más de 20 millones por la licencia ilegal que le dio el PSOE».

«Es una desgracia para Lugo que el señor Besteiro diese la licencia de las torres de O Garañón el último día del año, en fin de semana, cuando al día siguiente entraba en vigor la ley del suelo que reduciría la edificabilidad y rentabilidad a la operación urbanística», censuran los populares.