La Xunta de Galicia ha calificado como «una vergüenza» que el Gobierno de España haya recurrido a los tribunales para reclamar a la administración autonómica el pago de una parte del peaje en la sombra de la AP-9 (en Rande y A Barcala), y ha constatado que el Ejecutivo central «prefiere pleitear con la Xunta para defender los intereses de Audasa» antes que «revisar a la baja» los acuerdos con la concesionaria de la autopista.

Así lo ha trasladado la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, en declaraciones a los medios en Ourense, en las que ha subrayado que la autopista AP-9 «es de titularidad estatal» y, por tanto, «no procede que sea una administración autonómica la que abone los peajes, las bonificaciones y compensaciones».

Ethel Vázquez ha insistido en que «hay un acuerdo desde 2017» con el Ministerio de Transportes (entonces dirigido por el ‘popular’ Íñigo de la Serna) en el que se estableció que las compensaciones a Audasa serían financiadas «íntegramente» por la Administración central y que la Xunta «no aportaría nada».

Además, ha añadido, también hay dos sentencias, del TSXG y del Supremo que, según la conselleira, «confirman que la Xunta no debe abonar esas compensaciones».

En este escenario, Ethel Vázquez ha proclamado que el Gobierno de España tiene «el deber moral» de revisar los convenios de «enriquecimiento injusto» firmados con Audasa. «El deber moral del Gobierno de España no es pleitear con la Xunta de Galicia, sino revisar a la baja esos convenios con Audasa», ha insistido la conselleira antes de volver a criticar la «vergüenza» de que el Ejecutivo esté «defendido los intereses» de la concesionaria.