Representantes del sector inmobiliario alertan de un «grave problema» con la vivienda de alquiler en Galicia y urgen medidas para incrementar la oferta y abaratar el precio. Mientras, sobre la movilización de pisos de la Sareb, afirman que «no cubre ni de lejos la demanda».

En declaraciones a Europa Press, tanto el presidente de la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), Benito Iglesias, como el de la Asociación Gallega de Inmobiliarias (Agalin), Carlos Debasa, apuntan a la reducción de la oferta en los últimos años que vinculan, entre otras cuestiones, a la «inseguridad jurídica» para los propietarios.

En una autonomía con una oferta en manos de «pequeños propietarios», según Fegein, aseguran que son «unas 3.000» — entre 3.000 y 3.200, matizan– las que están disponibles en el mercado. «Son poquísimas», indica Benito Iglesias.

«Hay una dificultad de encontrar pisos a un precio razonable y más en la zona en la que se busca», añade Debasa sobre los lugares con más demanda. Al respecto, un informe de idealista señala que el 63% de las casas de la Sareb están en zonas de baja demanda en el caso de Galicia.

Como ejemplo de la situación, Debasa precisa que en Lugo hay «menos de cien viviendas disponibles de larga duración, Santiago ha estado en esos parámetros durante mucho tiempo y A Coruña y Vigo están por el mismo camino».

A su vez, Benito Iglesias contrapone la cifra de viviendas existentes a los «más de 17.000» pisos turísticos. «Los que tenían vivienda vacía se han pasado en masa a la turística por la seguridad jurídica y la rentabilidad», apostilla.

Además, añade, en relación a la nueva ley de vivienda, que desde su Federación estiman que en el caso de «entre un 15 y un 25% de las que finalicen contrato» los propietarios acabarán derivándolas al mercado de compraventa, al alquiler vacacional «o directamente las dejarán desocupadas», manifiesta aludiendo al impacto en las rentas más bajas.

PAPEL DE LOS AYUNTAMIENTOS

Sobre las viviendas turísticas, el presidente de Agalin indica que, ante la «proliferación desmesurada» de las mismas, los ayuntamientos deben adoptar medidas.

Al hilo de ello, cita la normativa «decidida y valiente y que se está notando» en Santiago y destaca el hecho de que en otros municipios como Pontevedra o A Coruña se acabase «entendiendo el problema». «Vigo y otras van a tener que tomar cartas en el asunto», asegura al considerar que esta proliferación ha hecho que aumentase el precio de los alquileres.

Mientras, destaca medidas abordadas con la Xunta como un programa por el que «los propietarios que así lo consideren tengan un seguro de alquiler sin coste para ellos por el que estarán protegidos contra el impago de alquiler».

«La Xunta hace tres semanas aprobó una ampliación del parque de viviendas de protección oficial», cita Benito Iglesias, quien reclama a los municipios que incluyan en sus planes generales suelo para permutar de cara a una colaboración público-privada en la promoción de vivienda.

«Tenemos 345.000 viviendas vacías en Galicia, si se movilizase el seis por ciento de ellas tendríamos más que arreglado el problema de la oferta y bajarían los precios», apostilla. Para ello, solicita, además, incentivos fiscales para que los propietarios saquen al mercado sus pisos.

PISOS DE LA SAREB

Benito Iglesias, crítico con la ley de vivienda aprobada por el Gobierno, mantiene sus dudas sobre el anuncio del Gobierno de la movilización de viviendas de la Sareb, que en el caso de Galicia serían algo más de mil, de acuerdo con datos aportados por la Delegación del Gobierno.

Pese a este dato, alude a un menor número y vincula la medida a un «anuncio electoral». «Se están creando expectativas que no se van a cumplir», manifiesta para, a colación, incidir en que son casas «en muy mal estado» y que el proceso desde la tenencia de la vivienda por parte de la administración autonómica o local hasta su reforma y puesta en el mercado para las personas a las que van destinadas puede durar «meses».

En este sentido, reprocha que la concesión de una licencia urbanística dure en Galicia «14 meses». «En el mejor de los casos no estaría esa vivienda disponible hasta el segundo semestre de 2024». Además, exige, entre otras demandas a la Xunta, una auditoría externa de la Sareb para saber dónde se ubican las viviendas o su estado de conservación.

Por su parte, Carlos Debasa apostilla que «cualquier aumento es bienvenido pero no cubre ni de muy lejos toda la demanda existente». «Hace falta movilizar más pisos y en los la Sareb, sobre todo en las ciudades, tampoco hay tantas viviendas», expone el presidente de Agalin que insiste en que son «pocas».

LA XUNTA CUESTIONA LAS CIFRAS

Al respecto de la situación, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que reivindica sus medidas como la rehabilitación de «más de 80 edificios» a través del Plan ‘Rexurbe’, el bono alquiler para jóvenes o su parque público de vivienda de casi 3.800 inmuebles, así como la construcción de otras 500 viviendas de promoción pública para alquiler, cuestiona las cifras de pisos de la Sareb.

«Son, en total, 42 vivendas localizadas en nueve municipios que concentran apenas el 6,8% de los demandantes totales de vivienda protegida en la Comunidad», aclara, además de recalcar que no serán «cesiones gratuitas». Por ello, califica de «desconcertante y sorprendente» el dato de movilización de 1.285 viviendas en Galicia para impulsar el alquiler social y alude a los anteriores datos, «facilitados a la Xunta por la entidad financiera».