El PSOE y el PP se han unido para presentar una iniciativa conjunta en la que solicitan al Tribunal de Cuentas que realice un informe específico sobre la política de vivienda pública que han desarrollado las comunidades autónomas en los últimos años.
En una iniciativa a la que ha accedido Europa Press, los dos grandes partidos han pedido un informe de fiscalización de «la promoción y gestión de viviendas de protección pública de las comunidades y ciudades autónomas durante los ejercicios de 2020 y 2021».
La vivienda de protección busca favorecer el acceso a la vivienda a los sectores más desfavorecidos, ofreciendo precios más bajos que el mercado, y no sólo incluye la construcción de VPO, sino que también alcanza a los alquileres sociales y a la rehabilitación.
CON AYUDA DE LOS OCEX AUTONÓMICOS
Para realizar este informe de fiscalización, el PSOE y el PP piden al Tribunal de Cuentas que cuente con sus homólogos autonómicos, los Órganos de Control Externo (OCEX) de las comunidades, allá donde tengan la competencia de fiscalización de la gestión pública.
La iniciativa se ha presentado ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, que procederá a su debate y votación el próximo martes.
La presentación de esta propuesta de fiscalización coincide con la tramitación final de la nueva Ley de Vivienda en la que han chocado los dos grandes partidos, marcando posiciones contrarias. De hecho, la norma se aprobó en comisión con apoyo de PSOE, Podemos, ERC y Bildu, mientras que el PP, Vox y Ciudadanos votaron en contra.
PP Y PSOE CHOCAN EN LA LEY DE VIVIENDA
Entre otras cosas, la nueva Ley prohibirá la venta de parques públicos de vivienda a fondos de inversión e incrementará los porcentajes de reserva de suelo para vivienda protegida del 30% al 40% en suelo urbanizable y del 10% al 20% en suelo urbano no consolidado.
La Ley de Vivienda, que se votará en el Pleno de la próxima semana, ha recibido quejas de formaciones como PNV o el PDeCAT por considerar que invade competencias de las comunidades, que son quienes tienen la competencia conforme a lo establecido en la Constitución. De hecho, el propio PDeCAT ha advertido de posible inconstitucionalidad por vulnerar el artículo 148 de la Carta Magna.
