Representantes de la Xunta y de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) constituyeron este lunes la comisión técnica que evaluará los estudios de ambas entidades con el objetivo de clarificar las competencias de ls administraciones autonómica y local.

Así, en la jornada de este lunes, se ha celebrado la primera de las reuniones de este grupo de trabajo para establecer las actuaciones a seguir, según ha informado la Xunta en un comunicado.

La misión de esta comisión técnica es contrastar las conclusiones de ambas propuestas y, así, llegar a acuerdos, sobre todo, en los ámbitos en que se detecta mayor dificultad para clarificar las comptencias y en los que, a la postre, hay discrepancias entre ambas administraciones.

Así, uno de estos ámbitos es el que abarca los servicios sociales, el mantenimiento de los centros de salud y la atención a las emergencias.

ESTUDIO DE LA XUNTA

Por parte de la Xunta, se presentó en diciembre pasado el Estudio sobre la delimitación competencial en el ámbito de la Administración Local de Galicia, elaborado en el marco de un acuerdo con la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

El Gobierno gallego aboga por la «importancia de avanzar y de dar pasos para llegar al máximo acuerdo posible en la mayoría de los ámbitos». Se trata, en primer lugar, de valorar las competencias que debe asumir cada administración y en qué parte –Xunta, Gobierno central, diputaciones y entidades locales– y de forma «rigurosa evaluar si cada una está asumiendo sus compromisos, así como cuantificar cuánto cuesta la prestación de cada servicio y los recursos disponibles –dada la dispersión, como uno de las claves en el coste de servicios–.

Por su parte, la Fegamp realizó un estudio propio en el que concluyen que los ayuntamientos asumen anualmente un déficit de 624 millones de euros por la prestación de servicios que o bien son compartidos por los municipios y la Xunta o son competencia exclusiva de la Administración autonómica.

En síntesis, a través de esta comisión se busca evitar «duplicidades» con la finalidad última de garantizar una prestación eficiente de los servicios públicos.