El Juzgado Nº1 de Santiago ha acordado incoar «diligencias previas por un delito de prevaricación administrativa» contra Ignacio Maestro Saavedra, director xeral de Mobilidade de la Xunta de Galicia desde 2017.

Como ha adelantado Praza Pública, el auto fue emitido el 27 de marzo y firmado por la magistrada titular de la citada sala Ana López-Suevos, que iniciará ahora una investigación a raíz de la denuncia presentada por la Asociación Empresarial de Transportes de Viaxeiros de Galicia (Galibus).

A finales de marzo, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ordenaba a la Comisión Galega da Competencia que incoase un expediente sancionador contra Monbus y Alsa «por indicios de haber podido repartirse el mercado».

Lo indica, al concurrir en 2020, a través de una Unión Temporal de Empresas (UTE), a un concurso público de varios contratos de transporte por carretera.

Así, de las 29 concesiones que se contrataron, se presentaron a cinco en UTE, señalaba el TSXG. Los magistrados decretaron, por tanto, la nulidad de la resolución de la Comisión Galega da Competencia en la que archivó, sin incoar expediente sancionador, «las actuaciones desarrolladas en virtud de las denuncias presentadas, sin realizar la comprobación de los hechos denunciados, existiendo indicios racionales de infracción».

Ante la falta de respuestas, Galibus denunció públicamente y en diversas ocasiones los hechos, llegando también a presentar denuncias judiciales.

Ahora la jueza ve que los hechos denunciados «presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de prevaricación administrativa».

Con todo, López-Suevos señala en el auto –al que ha tenido acceso Europa Press– que «no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que intervinieron», se llevarán a cabo las «diligencias esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el órgano competente para el enjuiciamiento».

EL DIRECTOR, SIN NOTIFICACIÓN OFICIAL

Consultadas por Europa Press, fuentes de la Consellería de Mobilidade han asegurado que el director xeral no ha recibido ninguna notificación del Juzgado.

Se muestran «sorprendidos», por tanto, de que se haya divulgado públicamente información sobre un procedimiento que «no ha sido notificado por el momento al representante de la Administración autonómica referido».

Así las cosas, insisten en que la Xunta «ha cumplido y sigue cumpliendo escrupulosamente» la normativa en relación con el Plan de Transporte Público de Galicia.

Destacan al respecto que así ha quedado «acreditado» en «el 100% de los recursos presentados» por empresas y federaciones de transporte de pasajeros por carretera desde el año 2017 ante el Tribunal Administrativo de Contratos de Galicia, así como en los procedimientos contencioso-adminitrativos abiertos y resueltos todos ellos a favor de la Xunta.

Concluyen asegurando que realizan un seguimiento «permanente» del funcionamiento de las concesiones de transporte público y que «velan» por el cumplimiento de los contratos y la prestación del servicio público. «Y así quedará nuevamente acreditado», inciden.