El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, ha avalado la denuncia presentada por el PP de Santiago en relación al conocido como ‘caso Pichel’ o ‘caso Desproi’, tras recalcar que «hay cosas que están sin aclarar a día de hoy» y concluir que, si una vez que se investigue, se determina que «no hay nada», pues «nada pasará».

«Es una decisión que tomó el PP de Santiago. Yo escuchaba reacciones de otros grupos que decían que todo esto se tendría que haber evitado si se hubiese aportado toda la documentación. Por tanto, hay cosas que aclarar», ha reflexionado, a preguntas de los medios tras el Consello de la Xunta.

En este punto, ha recordado que «la intención» del PP local, que lidera Borja Verea, es «aclarar» a través «de las herramientas que tiene la justicia» todas las cuestiones pendientes.

«Cuanta más información y más transparencia, por la tranquilidad de todos, estará mucho mejor», ha aseverado, antes de incidir en que lo que se ha transmitido desde el gobierno local es «total tranquilidad» porque «no había nada que ocultar».

«Pues si no hay nada, nada pasará; pero evidentemente faltaban datos, no es solo que lo dijese el PP, lo decían también el resto de grupos municipales que no eran el PSOE», ha zanjado.

DENUNCIA Y ANTECEDENTES

El PP de Santiago ha presentado ante la justicia denuncia por el alquiler por parte del Ayuntamiento de la capital gallega de una nave de la empresa Desproi, situada en el Polígono Costa Vella y vinculada al exconcejal de Medio Rural, José Manuel Pichel, para acoger servicios de los departamentos de Parques y Jardines y de Medio Rural.

La denuncia se formula contra el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, y otros seis ediles miembros de la junta de gobierno local. En concreto, figuran el propio exconcejal de Medio Rural, José Manuel Pichel, y los concejales Gonzalo Muíños, Milagros Castro, Mercedes Rosón, Gumersindo Guinarte, Esther Pedrosa y Marta Abal.

Además, en el escrito registrado por el portavoz del grupo municipal popular, José Antonio Constenla, figura también el secretario de Organización de UGT-Galicia, José Luis Fernández Celís, administrador único de Desproi Promociones S.L.

Los populares piden a los tribunales que investiguen si en el contrato de alquiler de esta nave se produjeron delitos de «tráfico de influencias, malversación, fraude en la contratación, negociaciones prohibidas a funcionario público y prevaricación».

Los hechos que ahora el PP local judicializa trascendieron en el mes de enero, cuando se conoció que el Ayuntamiento de Santiago había alquilado una nave industrial para el departamento de Parques y Jardines a una empresa vinculada al concejal de Medio Rural, que presentó su dimisión.