El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asegurado que la Fiscalía «colaborará en todo lo que pueda» para reducir los efectos negativos derivados de la huelga de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ).
García Ortiz, en Santiago de Compostela para participar en el curso participa en el curso ‘La protección del patrimonio histórico’, organizado por el Consejo General del Poder Judicial, ha comentado que la Fiscalía «va a estar ahí, va a ayudar».
«Como siempre, vamos a estar a disposición de las Administraciones y los ciudadanos para colaborar en todo lo que se pueda y evitar que los conflictos o resolución de conflictos, pueda afectar a los ciudadanos. Vamos a estar dando todo lo que podamos para minimizar las consecuencias de lo que ha ocurrido», ha afirmado.
PROBLEMA «ESTRUCTURAL» PARA EL PRESIDENTE DEL TSXG
Este miércoles, en el marco de las mismas jornadas, el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde, consideraba que la suspensión de actuaciones procesales (ya 17.000) que deja la huelga de letrados judiciales, «una cifra grave e importante», «deja una situación ya no coyuntural, sino estructural, que habrá que absorber en los juzgados de alguna manera».
«En Galicia tenemos experiencia, lamentablemente, en recuperación de la actividad judicial después de circunstancias anormales como la huelga del 2018 o la pandemia. La realidad es que efectivamente será necesario establecer criterios de vuelta a la normalidad, en coordinación con el Consejo del Poder Judicial», ha señalado.
Según ha apuntado, tiene las necesidades detectadas pero «no depende del Tribunal» poner solución a esos problemas.
Preguntado por la posibilidad de que se celebren juicios por la tarde, el presidente del TSXG ha comentado que «no es de sencilla ejecución» porque no solo interviene el juez. «Es prematuro hacer este tipo de reflexiones porque también hay que tener en cuenta que es el momento del día en el que los jueces dictan resoluciones y se forman sobre la última jurisprudencia»
«Toda la colaboración es buena pero no depende de mí, ni del Tribunal Superior, establecer los criterios. En cuanto a aumentos del personal, dependen de la Xunta, del Consejo General del Poder Judicial o del Ministerio, algo que nosotros no podemos decidir», ha indicado.
