En la víspera del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, que se celebra cada 30 de marzo, la Confederación Intersindical Galega (CIG) ha denunciado «la situación de precariedad que sufre este sector» en la comunidad, con un 60% de empleadas sin dar de alta en la Seguridad Social, lo que el sindicato ha definido como «una coladera de economía sumergida».

La CIG ha celebrado este miércoles una rueda de prensa en su sede para reclamar a las administraciones un convenio para el sector que «garantice la seguridad laboral de las trabajadoras». En el acto han intervenido la secretaria Confederal das Mulleres de la CIG, Nicolasa Castro, la portavoz de ‘Xiara. Asociación de Empleadas de Hogar’, Teresa Rodríguez, y la secretaria nacional de CIG-Servizos, Transi Fernández.

Actualmente en Galicia hay 24.000 trabajadoras del hogar dadas de alta en la seguridad social, aunque, según los datos aportados por Teresa Rodríguez, esta cifra solo representaría un 40% del total de empleadas que hay en toda la comunidad. Esto supondría la existencia de casi 36.000 personas de este sector «cobrando en negro».

Una situación que el sindicato ha definido como «una coladera de economía sumergida» y que demuestra que, pese a la reciente regulación del servicio de hogar familiar del Gobierno, que proporciona bonificaciones a los empleadores y permite a las trabajadoras cobrar el paro, este es «un colectivo muy precarizado», ha asegurado Rodríguez.

BONIFICACIONES INSUFICIENTES

La representante de Xiara ha reclamado que, además de las bonificaciones que la administración facilita a la parte empleadora para que puedan pagar el SMI a sus trabajadoras, también debería «existir algún tipo de bonificación a la parte empleada».

También ha exigido la colaboración de Inspección de Trabajo para «comprobar en qué condiciones laborales se encuentran las empleadas del hogar», así como para «cubrir los posibles riesgos laborales». No obstante, este organismo, según lo afirmado por Rodríguez, «se excusa» en que no puede intervenir en domicilios y servicios particulares.

Asimismo, ha afirmado que el derecho que tienen las empleadas desde el 2022 de cobrar el paro «no sirve de nada» si no se establece alguna prohibición para que los empleadores del hogar no las puedan despedir en «forma de desestimamiento» y «sin ninguna justificación».

Por todos estos motivos, el sindicato nacionalista ha exigido una regulación de régimen interno en el que se tengan en cuenta todos estos aspectos para asegurar «la protección social y legal» del sector.

CONVENIO GALLEGO TRABAJADORAS DEL HOGAR

La sindicalista Transi Fernández ha insistido en que «están manteniendo reuniones» para lograr un convenio que, más allá de las bonificaciones, asegure que todas las trabajadores cobren el salario mínimo interprofesional. «El incremento del SMI está muy bien, pero nadie se preocupa de que esto se cumpla», ha aseverado.

Por su parte, Nicolasa Castro ha declarado que «los múltiples intentos» por parte del sindicato para establecer un convenio gallego para este colectivo «no han tenido respuesta por parte de la Xunta», que, ha asegurado, «sigue mirando para otro lado».

En este sentido, Castro ha criticado que la Xunta «siga privatizando los servicios públicos de asistencia en el hogar» y no legisle para «avanzar en los derechos laborales» de un sector que, de estar totalmente regularizado «aportarán mucho a la seguridad social».