La Xunta de Galicia lamenta que el Gobierno central «negase la participación» de las comunidades en el nuevo proyecto de ley de familias, aprobado este martes en segunda vuelta por el Consejo de Ministros, pese a «invadir competencias» que ejercen los ejecutivos autonómicos.

Según resaltan fuentes de la Consellería de Política Social e Xuventude, este departamento presentó alegaciones en diciembre «en defensa de las familias gallegas» que el Ministerio de Derechos Sociales, que promueve la nueva norma, «no contestó».

Las alegaciones de la Xunta pasaban por mantener el concepto ‘familia numerosa’, que en el nuevo texto ley están incluidas en el grupo de ‘familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza’; y por evitar que más de 2.000 familias monoparentales gallegas «pierdan su título por culpa de esta ley» y su incompatibilidad con la gallega.

Política Social también señala que la norma «llega con retraso» porque, por ejemplo, aboga por facilitar el acceso a la educación de 0 a 3 años cuando «en Galicia ya es gratuito para todas las familias» y el Gobierno central «no pone ni un solo euro» para implantar esta medida, que está financiada en la Comunidad «exclusivamente con fondos propios».

Además, la Consellería tacha de «decepcionante» el texto porque «incumple las cuatro principales promesas» que realizó el Ejecutivo en este ámbito. Entre ellas, cita dos ausencias: la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad a 24 semanas y el permiso de 8 semanas remineradas, que se queda en «una mera excedencia» con la norma aprobada.

Tampoco recoge, señala la Xunta, ni «una nueva renta universal» por la crianza de hijos hasta los tres años –solo incluye una prestación de 100 euros mensuales que «ya existía» con Mariano Rajoy– ni la equiparación de las familias monoparentales a las numerosas.