Los sindicatos con representación en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social han anunciado este lunes una segunda fase de movilizaciones para protestar contra la situación «precaria» del organismo y la falta de personal.
Tras las tres huelgas celebradas hasta la fecha, en esta segunda fase de movilizaciones se incluirá también la convocatoria de una nueva huelga para el mes de mayo, que se transformará en indefinida «antes del verano» si el Gobierno no ofrece soluciones.
Esta plataforma sindical, integrada por CCOO, CIG, CSIF, Sitss, Sislass y UPIT, ha anunciado además que en mayo se convocarán también concentraciones y manifestaciones, así como encierros en los centros de trabajo, todo con el objetivo de que el Gobierno cumpla con el acuerdo que suscribió con los sindicatos en julio de 2021 para reforzar e incrementar la plantilla de la Inspección.
Los sindicatos formalizarán el próximo miércoles en la sede de la Unión Europea en Madrid una denuncia contra el Gobierno español por incumplir el acuerdo de julio de 2021 y «vulnerar» la Carta de Derechos Fundamentales en materia de negociación colectiva.
Para los sindicatos, la situación que vive la Inspección y el incumplimiento de los compromisos adquiridos, demuestra la «nula voluntad política» por parte del Gobierno para dar solución a las deficiencias de la Inspección.
Las organizaciones sindicales argumentan que la anterior Relación de Puestos de Trabajo de la Inspección data de hace más de 20 años, por lo piden dar cumplimiento a lo acordado e incorporar de manera inmediata los 500 efectivos que se habían prometido de manera urgente y, progresivamente, el resto de personal comprometido.
Las centrales sindicales advierten de que la Inspección está funcionando por voluntad de sus trabajadores, porque realmente «está en colapso», con jornadas laborales «insoportables», que requieren trabajar sábados y domingos para cumplir objetivos, y todo ello «a costa de la salud y seguridad» de su plantilla.
Ésta está compuesta por 3.000 efectivos, de los que 2.200 son inspectores y subinspectores y el resto, personal de estructura, que deben atender a 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, 1,4 millones de empresas y 10 millones de pensionistas.
