Los ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (UE) abordarán en su reunión de este lunes los planes de la Comisión Europea para eliminar gradualmente la pesca de arrastre de todas las zonas marinas protegidas de la UE para 2030, frente a lo que España defiende que la sostenibilidad de los mares y océanos es «perfectamente compatible» con la rentabilidad de la actividad pesquera.

Así lo aseguró el propio ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante el pleno del Senado del pasado 7 de marzo, un argumento que ya avanzó que volverá a utilizar el lunes para evitar que se «demonice» al sector.

Planas expresó también la necesidad de actuar con cautela a la hora de regular la pesca de arrastre, un sector que cuenta con 805 buques en el conjunto del caladero nacional –algo menos del 10% del conjunto de la flota española–, cuya actividad ya está sometida a restricciones en determinadas zonas pelágicas o semipelágicas.

El plan de Bruselas pretende reducir el impacto de la pesca en los fondos marinos dada su importancia como puntos calientes de la biodiversidad marina de la UE, para lo que se emplaza a los Estados miembro que propongan recomendaciones conjuntas y adopten medidas nacionales para eliminar gradualmente la pesca de fondo en todas las zonas protegidas, a más tardar, en 2030 y no permitirla en ninguna de nueva creación.

Estas medidas, según explicó el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, pretenden restaurar los ecosistemas marinos y reducir el impacto de las actividades pesqueras en el medio ambiente marino en base al compromiso de la Estrategia de Biodiversidad de la UE para 2030 de garantizar la protección jurídica de sus mares con la ampliación de las zonas marinas protegidas del 12% actual al 30%.

En su comunicación emitida el pasado 21 de febrero, Bruselas define la pesca de arrastre como «una de las actividades más extendidas y perjudiciales para los fondos marinos y el medio ambiente», lo que ya suscitó las críticas del sector, entre ellas, las de organizaciones como Europeche o la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA), que rechazan el objetivo de eliminar progresivamente este arte.

A estas quejas se han sumado también las de varios ministros de la UE, como es el caso de Planas o de su homólogo francés, Hervé Berville, quien también ha manifestado su «total oposición» a la aplicación de la prohibición de las artes de fondo en las zonas marinas protegidas.

No obstante, Sinkevicius aclaró que la Comisión no propone la prohibición, sino que pide a los Estados miembro que apliquen todas las medidas pertinentes antes de marzo de 2024, y solo entonces, una vez se hayan evaluado, Bruselas podrá presentar una propuesta legislativa.

ACUERDO PESQUERO CON MARRUECOS

Por otro lado, las delegaciones letona, lituana y polaca presentarán información sobre el futuro del protocolo del acuerdo de asociación pesquera entre la UE y Marruecos, que caduca el próximo julio, y que podría quedar en suspensión ya que su renovación depende de una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que ya lo anuló por incluir el Sáhara Occidental, un territorio pendiente de descolonización.

Este acuerdo de pesca permite que un total de 128 buques de la UE procedentes de España, Portugal, Francia, Alemania, Lituania, Letonia, Polonia, Países Bajos, Irlanda, Italia y Reino Unido faenen en la zona económica exclusiva de Marruecos.

La suspensión del acuerdo pesquero entre Bruselas y Rabat puede afectar especialmente a España puesto que es el Estado miembro más beneficiado: de los 128 buques que tienen autorización para pescar en aguas africanas, 92 tienen pabellón español.

En particular, son 22 cerqueros de pesca artesanal pelágica en el norte, 25 palangreros de fondo también en el norte, diez embarcaciones de pesca artesanal en el sur, doce busques de pesca demersal y 23 cañeros para capturas de atún.

En este sentido, fuentes diplomáticas han confirmado que España manifestará su «preocupación» al respecto, mientras que su prioridad es lograr «lo antes posible» un acuerdo que cumpla «con todas las garantías jurídicas», aunque también han precisado que están previstas ayudas estatales para la flota afectada en el posible caso de una suspensión.