La Federación Rural Galega (Fruga) ha denunciado que la entrada en vigor de la nueva Política Agraria Común (PAC 2023-2027) disminuirá los ingresos para las explotaciones agrarias.
Según ha trasladado este jueves en un comunicado, este nuevo período supondrá un «mayor grado en las exigencias medioambientales» para la mayoría de las explotaciones.
Un hecho que ya ha había sido denunciado en febrero por la asociación ganadera Agromuralla que alertaba de la complejidad de esta nueva PAC y el peligro que esta suponía para los ingresos de las explotaciones.
NUEVAS EXIGENCIAS
Entre las novedades que presenta la nueva política agraria estará, lamenta la Fruga, la obligación impuesta a todas las fincas de explotación de más de 10 hectáreas por la que tendrán que cambiar el cultivo cada tres años.
También, incluirá que el 4% de la superficie agrícola se destine a elementos no productivos, la obligación de llevar un cuaderno digital de la explotación o la elaboración de un plano de gestión de aplicación de los fertilizantes, con el deber de la aplicación del purines.
Además, la relación con la administración se tendrá que hacer obligatoriamente vía telemática, con posible sanción en caso de no cumplirlo. Esto, han añadido, obligará en muchos casos a contratar un servicio para cumplir todas estas imposiciones, con riesgo de que muchas explotaciones desistan y puedan decidir cerrar.
En esta línea, otro de los inconvenientes que advierte la federación es la reducción del importe de las ayudas, que en muchos casos actúan como tabla de salvación para las explotaciones, han disminuido en un 30% con respecto a 2022.
Con todo, la federación ha lamentado el aumento de unas exigencias que van de la mano con la disminución de las ayudas proporcionadas y que, auguran, pueden desencadenar en abandono y mayor desertización del rural gallego.
