Las quejas trasladadas por los gallegos al Defensor del Pueblo registraron un ligero aumento en 2022 en relación a 2021 pasando de 1.159 a 1.260, una cifra que representa el 4,13% de las recibidas a nivel estatal.

Así se desprende del informe hecho público este lunes en el que se recogen, entre otras cuestiones, recomendaciones a la Xunta en materia de dependencia o de reposición de funcionarios judiciales, así como propuestas para la mejora algunos servicios.

En lo que se refiere a los expedientes de quejas, también a nivel estatal, como ocurre en Galicia, se ha contabilizado un aumento pasando de 28.047 en 2021 a 30.481, en 2022.

En cuanto a las quejas, las principales tienen que ver con seguridad social y empleo y la Administración de Justicia. Otras tienen relación con el empleo público, asuntos de Interior, educación, sanidad o vivienda, entre otras.

Respecto a las procedentes de los defensores del pueblo en las comunidades autónomas, fueron un total de 1.786, de las que 255 corresponden a Galicia.

RECOMENDACIONES

Entre otras cuestiones, el informe destaca que el año pasado las comunidades autónomas de Galicia y Andalucía aceptaron que los centros de menores dependientes de ellas cuenten con un protocolo detallado para la indagación de la violencia y el abuso sexual sufrido con anterioridad al ingreso en el centro, «con el objetivo de dar la preceptiva respuesta terapéutica y de protección».

Por lo que se refiere a los retrasos en la tramitación de solicitudes de valoración de las personas en situación de dependencia, destaca que la Consellería de Política Social aceptó la recomendación para agilizar el procedimiento, a través, entre otras cuestiones, del reconocimiento conjunto del grado de dependencia.

Entre las demandas del Defensor del Pueblo, está que la Xunta de Galicia valore la posibilidad de que tanto el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) como la Unidad de Psicología Forense de la Universidade de Santiago de Compostela puedan emitir informes psicosociales solicitados por los tres juzgados mixtos del partido judicial de Carballo (A Coruña) como solución para reducir el período de espera en los procedimientos de familia.

Además, se le insta a tomar medidas para agilizar la tasa de reposición y cobertura de las vacantes y bajas de los funcionarios «en orden a evitar que afecten al funcionamiento ordinario de los juzgados y tribunales».

SUGERENCIAS A AYUNTAMIENTOS

También hay sugerencias al Ayuntamiento de Quiroga (Lugo) para que apruebe una ordenanza municipal de ocupación de dominio público que regule el régimen jurídico de concesión de autorizaciones en el municipio.

A ella se suma otra al Ayuntamiento de Folgoso do Courel (Lugo) para que se adoptara por el pleno un acuerdo de periodicidad de celebración de sesiones plenarias que se ajuste a lo establecido en la Ley de Administración Local de Galicia.