La investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Madrid sobre presuntas irregularidades en la contratación de obras para más de una decena de cuarteles de la Guardia Civil, entre ellos el de A Coruña, lleva al menos unos ocho meses paralizada a la espera de que se aporte al procedimiento un informe pericial.
Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que la titular del juzgado, María Isabel Durantez, intenta esclarecer si el importe destinado a las reformas de las comandancias de la Benemérita se corresponde con los trabajos realizados y que –aunque ordenó la redacción de dicho informe el año pasado– hasta el momento permanece a la espera de las conclusiones de los expertos.
Según consta en un escrito de la Fiscalía presentado el pasado 16 de enero, al que ha tenido acceso Europa Press, la perito inicialmente designada para redactar el informe ofreció su colaboración para realizar uno relativo a las infraestructuras de la provincia de Ávila, pero avisó de su «imposibilidad» de llevar a cabo la pericial respecto a las comandancias del resto de provincias.
En el marco de aquel escrito, consta que ni la Abogacía del Estado ni el Ministerio Público se opusieron a que la redacción del informe quedase entonces en manos de la Dirección General de Patrimonio del Estado.
El informe pendiente de aportarse al procedimiento serviría para esclarecer las obras acometidas en 13 comandancias: las de Murcia, Albacete, Algeciras, Alicante, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, A Coruña, Santa Cruz de Tenerife y Toledo. Por las supuestas irregularidades en la contratación de dichas reformas figura como investigado el teniente general de la Guardia Civil Pedro Vázquez Jarava, quien se encontraba al frente en la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil en el momento de los hechos.
‘CASO CUARTELES’
La juez investiga desde finales de 2021 a Vázquez Jarava y otro alto mando de la Guardia Civil, además de a dos empresas presuntamente implicadas en dichas obras. Se indaga en si habrían logrado unas adjudicaciones irregulares para el reacondicionamiento de los cuarteles e inflado facturas de los trabajos, entre otras cuestiones.
Una de las empresas implicadas pertenece a Ángel Ramón Tejera de León, alias ‘Mon’, quien está vinculado a la trama del ‘caso Mediador’. El empresario es, además, amigo de Francisco Espinosa, general retirado de la Guardia Civil y que es el único imputado en la trama de extorsión que está en prisión provisional.
La investigación que se instruye ahora en Madrid procede de unas diligencias penales abiertas en 2019 por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Ávila por un delito de malversación a raíz de un atestado de Servicios Internos de la Guardia Civil.
Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, aquellas diligencias fueron abiertas por denuncias que advertían de «una posible actuación ilícita en una serie de contratos para obras en acuartelamientos», que se habrían hinchado y algunos pagados sin ejecutar.
El juez instructor de dicha localidad tomó declaración como investigados al entonces jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, al empresario canario Tejera de León y a un colaborador de éste. Sin embargo, tras estudiar el asunto entendió que no era competente, ya que el teniente general investigado tenía la sede oficial en la Dirección General de Madrid.
