La Fiscalía ha archivado la denuncia presentada por Adega contra el «indulto millonario» que la asociación ecologista denunció que la Xunta practicó con Greenalia. En este sentido, la entidad ha anunciado que recurrirá a la Fiscalía General del Estado.

Según ha informado la propia Adega, la Fiscalía de área de Santiago de Compostela acaba de notificar el archivo de las diligencias de investigación penal número 71/22, relativas a la denuncia presentada por esta asociación en noviembre de 2022, por la «modificación ilegal del plan industrial» asociado al parque eólico Campelo de Greenalia.

En la denuncia, se exponía «en detalle» el contenido de la resolución del 21 de julio de 2021, firmada por la directora xeral de Planificación Enerxética de la Xunta, Paula Uría, por la que se le permitió a la mencionada empresa «cambiar la opción de monetización de su plan industrial, dándolo por ejecutado, en base al desarrollo de ciertas actividades que nada tenían que ver con las propias de aquel plan industrial».

En la denuncia, se argumentaba que en el momento en que se adoptó tal resolución, ninguna norma vigente «permitía el cambio» de la opción de monetización a la de ejecución, «ni mucho menos daba cabida a que un plan industrial derivado del concurso eólico del año 2010 se diese por ejecutado con otras actividades a las previstas en el plan industrial».

«Los extremos denunciados por Adega podían y pueden ser perfectamente corroborados por la Fiscalía ante el simple examen de la normativa aplicable. Sin embargo, en el decreto de archivo de las diligencias penales, firmado por María Aurelia García Rodríguez, se concluye que la práctica de posteriores diligencias de investigacióin resulta superflua», lamenta Adega.

«GRAVES FALSEDADES» EN EL INFORME DE LA XUNTA

Al respecto, señala que se llega a esta conclusión porque, según el decreto de archivo, la Fiscalía solicitó explicación a la Xunta y esta remitió un informe en el que no aparece referencia alguna a las normas jurídicas que den cobertura a la actuación denunciada.

Adega advierte de que en el informe de la Xunta se «manifiestan graves falsedades», como que la opción por la monetización de los proyectos industriales no estaba sometida a límite temporal. «Simplemente, es falso», añade, para remitir al artículo 7.2.c) de la orden del 29 de marzo de 2010 para la asignación de 2.325 megavatios de potencia en la modalidad de nuevos parques eólicos en Galicia (DOG nº 61, de 31 de marzo), que «deja bien claro el momento en que había que optar por la monetización: o se optaba en aquel momento o se renunciaba al procedimiento».

Así las cosas, Adega considera que el archivo de la denuncia por parte del Ministerio Fiscal «resulta absolutamente escandaloso y contrario a la salvaguarda de la legalidad y del interés general que resultan inherentes a la institución».

«Asumir el contenido del decreto de archivo de diligencias implicaría asumir que, presentada una denuncia en la que constan con detalle hechos y fundamentos de derecho, la simple petición de informe a la parte denunciada, aunque esta mienta o no diga nada, resulta suficiente para concluir que no hay motivos de ilegalidad», ha advertido la asociación ecologista.

DENUNCIA ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

Por otro lado, la Federación Galega de Ecoloxistas en Acción viene de interponer en los Juzgados de Santiago una denuncia penal contra varios altos cargos de la Consellería de Economía, Empresa e Innovación por «no proceder a declarar la caducidad de las concesiones de la mina de Varilongo», en Santa Comba.

Así, según explica en un comunicado, la mina de estaño y volframio, propiedad de la misma empresa australiana que pretende reabrir las minas de San Finx, se abandonó en 1986, hace más de 30 años. Pese a la tentativa de convertir la explotación en una mina a cielo abierto, los funcionarios de la Xunta «informaron de que debía procederse a declarar la caducidad de las concesiones».

Al respecto, recuerdan que el propio Tribunal Supremo estableció que la declaración de caducidad de una concesión minera es un acto que no es discrecional y que debe adoptarse obligatoriamente bajo pena de responsabilidad, si se dan los presupuestos previstos por la ley.

«INDICIARIO DE VARIOS DELITOS DE PREVARICACIÓN»

Para Ecoloxistas en Acción, el hecho de que los altos cargos denunciados –entre el que se encuentra el director xeral del Planificación Enerxética, según las fuentes consultadas por Europa Press– no hayan declarado la caducidad podría ser, para la entidad ecologista, «indiciario de un o varios delitos de prevaricación».

«No es el único favor que la Xunta le hizo a la minera australiana en Santa Comba», añade, pues «dejó caducar un procedimiento sancionador por vertidos de metales pesados que implicó la contaminación de ríos próximos».

Además, Ecoloxistas en Acción pedirá también ante la ONU el próximo 22 de marzo que se dictamine que «fue vulnerada la Convención de Aarhus» tanto en este proyecto de Varilongo como en el de San Finx. De este modo, reclaman que la Xunta obligue a la empresa a constituir un aval de, como mínimo 5 millones de euros para garantizar la restauración, cierre y clausura de la mina en condiciones de seguridad y advierten que, en caso contrario, demandarán a los altos cargos que ahora han denunciado para que respondan con su propio patrimonio personal.