La Diputación de Lugo exige a la Xunta que «atienda las reclamaciones de la sociedad gallega» sobre las mejoras necesarias en la sanidad pública, como así lo recoge una moción aprobada este martes en el pleno provincial con los votos del PSdeG, autor de la propuesta, y el apoyo del BNG.

La portavoz socialista en el gobierno provincial y diputada de Régimen Interior, Pilar García Porto, recordó que el pasado 12 de febrero la sociedad gallega salió a la calle para manifestar su «malestar» con la situación de la sanidad pública, una «expresión de rechazo, descontento y de malestar social».

García Porto expuso que los facultativos con «sobrecarga de pacientes, los responsables de un PAC con el cuadro de personal en mínimos o los familiares de pacientes en listas de espera no se juntaron en la Praza do Obradoiro para hacer política». «La manifestación fue un resumen de las quejas que se vienen registrando en los últimos años por culpa de las políticas de recortes y la mala gestión del PP», ha indicado, según recoge un comunicado.

Por otro lado, la Diputación de Lugo aprobó, en su pleno ordinario, con los votos a favor de PSOE y BNG, la incorporación de remanentes de tesorería al presupuesto de 2023 del ente provincial, por importe de algo más de 5 millones de euros.

Esta cantidad, según explica la diputación, servirá para «reforzar» la cooperación con los ayuntamientos y con el tejido asociativo de la provincia, en palabras de la diputada de Economía y Recaudación, Mayra García Bermúdez, quien apuntó que se trata de «algo fundamental para el desarrollo del territorio», porque se traduce en la «mejora de los servicios que se ofrecen» a los vecinos.

VOTACIÓN EN CONTRA

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Javier Castiñeira, se dirigió a los representantes del PSOE y BNG en la Diputación para preguntarles si están de acuerdo «con que se rebajen las penas a los violadores y agresores sexuales por el efecto de la aplicación de la conocida como Ley del solo sí es sí». «Esta bancada dice no», ha proclamado.

Los populares llevaban a pleno una moción pidiendo al Gobierno la revisión de la ley por la vía de urgencia para que quien cometiese delitos sexuales pudiese tener, cuanto antes, «las mismas penas que estaban en vigor» hasta el 22 de septiembre. También pedían instar a presidente del Gobierno a destituir a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y a la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez. La moción contó con los votos en contra de socialistas y nacionalistas.