Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) han advertido que mantendrán la huelga indefinida, que este lunes entra en su quinta semana, hasta que el Ministerio de Justicia «dé un cumplimiento» efectivo a los acuerdos suscritos en abril de 2022.

Así, lo ha señalado el letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Alzira y uno de los seis integrantes del comité de huelga, Antonio José Jiménez Hurtado, tras una concentración celebrada frente a la Ciudad de la Justicia de Valencia.

Al respecto, ha lamentado la actitud de bloqueo del Ministerio de Justicia después de que en la reunión del pasado viernes no consiguieron llegar a un acuerdo tras más de 15 horas porque el secretario de Estado «solo limitó a preguntarnos el día y la hora en que íbamos a levantar la huelga» y «nosotros solo le decíamos que cuando cumplieran los acuerdos suscritos».

En ese sentido, ha advertido de que con esta actitud puede derivar en retraso en la celebración de las próximas elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo porque es necesaria la intervención de los LAJ en la constitución de las juntas electorales.

«Depende de la voluntad política del Ministerio poner fin a esta huelga –que ya ha provocado la suspensión de unas 170.000 causas judiciales en toda España– y que nos llamen para una nueva reunión», algo que durante este fin de semana, no obstante, no han conseguido.

Al respecto, ha explicado que las juntas electorales deben constituirse a principios de abril y a día de hoy esta función no está incluida dentro del catálogo de servicios mínimos marcados por el Ministerio de Justicia, aunque «no quiere decir que en un futuro no se incluya».

Asimismo, ha explicado que el pasado viernes, como el Ministerio de Justicia «no movía ficha», el comité de huelga ha propuesto a los letrados que, aunque tampoco estén dentro de los servicios mínimos, sí que gestionen el pago de las pensiones de los menores de edad y la bodas.

Además, también valorarán avisar al resto de profesionales de que no podrá celebrarse un acto procesal porque van a secundar los paros a pesar de que comunicar con antelación su decisión va en contra del derecho fundamental de huelga. Sin embargo, lo aceptan porque los ciudadanos se están viendo «muy perjudicados por esa actitud negligente del Ministerio que es incapaz de sentarse a negociar», ha señalado.

No obstante, ha recalcado que mantienen «la mano tendida» para poner fin a esta huelga cuando se dé cumplimiento al acuerdo de abril 2022, que no solo recoge mejoras retributivos sino también de condiciones laborales muy importantes como la carrera profesional o el reglamento orgánico de productividad.