El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, intervendrá en la próxima sesión de control al Gobierno para reclamar a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, la recuperación de las garantías ambientales y la participación ciudadana en la implantación de proyectos eólicos.

La formación nacionalista exige finalizar con el «‘boom’ eólico depredador» que aseguran amenaza Galicia con la posible implantación de 300 parques y megaparques eólicos que «afectarán el ambiente y el medio de vida de miles de personas», mientras defiende un modelo «equilibrado y justo, minimizando el impacto ambiental y garantizando la reversión en el territorio».

«¿Cree compatible con el objetivo de preservación ambiental y de apoyo al sector primario que las empresas puedan decidir dónde instalar parques o macroparques eólicos sin control, sin necesidad de Declaración de Impacto Ambiental y sin participación ciudadana, como establece el RDL 20/2022 que su Ministerio impulsó?», será la pregunta que el diputado nacionalista formulará a Teresa Ribera.

Según ha trasladado el BNG en una nota de prensa, la eliminación de este tipo de requisitos durante la tramitación de nuevos parques o megaparques eólicos supone «barra libre» para las empresas energéticas que, ha apuntado, «se están lucrando de este ‘boom’ eólico depredador».

«Esta barra libre pone en peligro a nuestro medio ambiente y la actividad económica y, por lo tanto, el modo y medio de vida de miles de personas, particularmente aquellas que se dedican al sector primario», ha advertido Rego.

En opinión del diputado nacionalista, estamos ante una «distopía del capitalismo»: «En nombre de la transición ecológica y de un futuro verde se destruye el medio ambiente y el modo de vida de miles de personas, especialmente en el sector primario, es decir, se destruye el futuro y no lo podemos permitir».

Ante esto, Rego defiende que la eólica responda a «un procedimiento de concurso público, sobre un previo plan de las administraciones públicas, con parques dimensionados a las necesidades» de Galicia. Con este modelo, señala, se debe «minimizar el impacto ambiental y garantizar que revierta en el propio territorio con aprovechamiento social y económico».