El Gobierno ha advertido de que «a fecha actual» no existe ningún pronunciamiento de la Comisión Europea que declare contraria a derecho la prórroga de la concesión de la autopista AP-9 y que, por tanto, «tanto la Administración como la sociedad concesionaria está legalmente obligados al cumplimiento del contrato concesional».
Así lo ha trasladado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Mitma, en respuesta a una pregunta del diputado del BNG, Néstor Rego sobre la subida de los peajes y sobre la finalización anticipada de la prórroga de la concesión (aprobada en el año 2000 para que dure hasta 2048).
El diputado nacionalista registró a principios de año una batería de preguntas relacionadas con el incremento de los peajes (una subida prevista inicialmente del 9,4 %, pero que se limitará al 4 % para los usuarios, siendo el resto asumido por la Administración central) y con las medidas que debía tomar el Ministerio para poner fin a la concesión «cuya prórroga fue declara ilegal por la UE».
Al respecto, el Gobierno ha matizado que «a fecha actual, no existe ninguna declaración de la Unión Europea que haya declarado no acorde a derecho cualquier modificación concesional que afecte a la autopista AP-9», que explota Audasa.
Asimismo, añade el Mitma, «la construcción y explotación de esta autopista es una concesión administrativa, y tanto la Administración como la sociedad concesionaria están legalmente obligados al cumplimiento del contrato concesional».
PROCEDIMIENTO DE INFRACCIÓN
La Comisión Europea abrió un expediente a España por considerar que la última ampliación de la concesión, aprobada en el año 2000, no se ajustó a la normativa europea, ya que debía haberse convocado una licitación pública; y requirió al Gobierno español para que enviase sus alegaciones.
De hecho, en una respuesta anterior (de julio del año pasado), también a Néstor Rego, el Ministerio señalaba que ese procedimiento de infracción aún no había concluido y que el Gobierno no tenía previstas «actuaciones que puedan afectar a la relación contractual de la concesión» mientras no hubiera un pronunciamiento de la Comisión Europea.
Fuentes del Ministerio consultadas por Europa Press se han reafirmado en esa respuesta de hace meses, que considera «complementaria» con la última contestación al BNG. Así, dichas fuentes han reiterado que el Ministerio no prevé tomar decisiones al respecto de la prórroga de la concesión mientras no haya pronunciamiento de la UE y que, cuando lo haya, se adoptarán las medidas en función de lo que declare la Comisión.
Rego ha vuelto a reclamar que se desbloquee la transferencia de la autopista a Galicia, y que el gobierno rescate la concesión para que la AP-9 sea «gallega y libre de peajes». Asimismo, ha incidido en que la UE considera «ilegales» las prórrogas de la concesión de 10 y 25 años, por lo que se están pagando peajes «ilegalmente» desde 2013.
RESPUESTAS GRUPOS EN EL PARLAMENTO
El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha evitado pronunciarse sobre la respuesta concreta del Gobierno al no conocer en detalle la cuestión, pero sí se remitió a sus palabras para recordar las críticas que se vertían contra su partido cuando gobernaba en el Estado al respecto de las dificultades para lograr al traspaso de la AP-9.
Así, se «autocitó» para indicar que los traspasos de titularidad de este tipo, en ocasiones, van más allá de la «voluntad» de un ministerio concreto, y colisionan con «otro tipo de cuestiones» legales y las propias «inercias administrativas».
Dicho esto, ha recordado que se trata de una propuesta «unánime» de la Cámara y ha lamentado que «no se avanza» en el traspaso de esta vía, en un contexto en que las vías de este tipo se están liberalizando y haciendo peajes gratis.
Por su parte, la viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, ha puesto el acento en que la AP-9 es una «concesión de dudosa legalidad», como «pusieron en cuestión» las instituciones europeas, que requirieron información al Gobierno central sobre esta vía.
En todo caso, la diputada nacionalista ha reclamado que «se cumpla con la transferencia» a Galicia de esta vía de vertebración del país, que «sigue sin tramitarse» y ha reiterado que «además de gallega, tiene que ser pública y libre de pajes». En este sentido, ha dicho que los gallegos «tienen que agradecer al PP, cada vez que pasan por la cabina» que se prolongase la concesión hasta 2048, para «lucro» de una empresa que es un fondo de inversiones.
La viceportavoz socialista en la Cámara, Begoña Rodríguez Rumbo, se ha limitado a ratificar la postura del PSdeG, que está a favor de la transferencia de la autopista AP-9, ya con el Gobierno de Rajoy y con los sucesivos. «Nuestro posicionamiento va a seguir siendo el mismo», ha sentenciado.
ETHEL VÁZQUEZ
Por su parte, la conselleira de Infraestructuras e Mobilidade, Ethel Vázquez, ha pedido este martes «transparencia» al Gobierno de España para conocer cuáles pueden ser los motivos para una eventual decisión de no rescatar la AP-9 y continuar la concesión con Audasa.
«Lo cierto es que no tenemos información al respecto por parte del gobierno de España», ha lamentado la titular de infraestructuras, que ha trasladado que sí hay «información oficial de organismos oficiales» como es el Consello Consultivo de Galicia, que «vino a acreditar el comportamiento abusivo de la concesionaria Audasa» en relación con la AP-9 y los incrementos tarifarios.
«Tanto el Consello Consultivo de Galicia como también la Comisión Galega de Competencia ven acreditado ese comportamiento abusivo y en base a esos informes pedimos al gobierno de España que actúe», ha mantenido Vázquez Mourelle.
No obstante, en este sentido ha lamentado que «el Gobierno de España, desde luego, trata con más sensibilidad a Audasa que a las necesidades de los gallegos» y ha pedido «transparencia», insistiendo en que no conocen motivos por los que el Ejecutivo Central pueda continuar con la concesión hasta 2048.
