El eurodiputado del PSOE Nicolás González Casares ha instado tanto a la Comisión Europea como a la Xunta a ser «transparentes» con las actividades que se desarrollan en la mina de San Finx, en Lousame (A Coruña), después de las medidas afavor de la cantera aprobadas por ambas instituciones.

A través de un comunicado, el socialista recuerda que la Comisión Europea destinó casi 7 millones a la mina en el proyecto ‘Next’ del programa marco Horizonte 2020, una ayuda justificada con la «autosuficiencia europea» con respecto a la producción de wolframio.

Entre las acciones contempladas en esta iniciativa se incluye la toma de muestras en el quinto nivel de la mina, abierto sin evaluación de impacto ambiental. «Según la información disponible, el agua que inundaba esta planta fue bombeada ilegalmente y vertida al río hasta la finalización del proyecto, en 2020», denuncia González Casares.

Por ello, el eurodiputado gallego solicita a la Comisión que sea «transparente» con las actividades que se desarrollan en la mina, toda vez que el Defensor del Pueblo Europeo ya solicitó información el pasado mes de noviembre, cuando se sometió a exposición pública el proyecto de recuperación ambiental para la depuración de las aguas residuales de la mina.

A mayores, la semana pasada la Xunta, a través de Augas de Galicia, autorizaba un vertido de estas aguas residuales al arroyo de Rabaceiros. La autorización, cuya vigencia tiene cinco años prorrogables, está supeditada al cumplimiento de 18 requisitos y a la atención de las normas de calidad ambiental.

En este contexto, el eurodiputado del PSOE advierte al Gobierno gallego que debe «evaluar bien el impacto» que puede tener sobre la ría de Muros y Noia. En cualquier caso, se ha dirigido a la Comisión para conocer si adopta alguna medida ante esta autorización de la Xunta.