El Gobierno gallego ha analizado en su reunión semanal, desde una perspectiva jurídica, el fallo del Tribunal Supremo (TS) que corrige sentencias previas de la Audiencia Nacional y ratifica la prórroga a Ence para que siga en la ría de Pontevedra hasta 2073. La Xunta considera que puede tener efectos «favorables» a sus intereses en relación a otras normas recurridas, en concreto, el reglamento estatal de Costas.
Según ha explicado el presidente gallego, Alfonso Rueda, a la espera de conocer el contenido del fallo y de acuerdo con los servicios jurídicos autonómicos, el Ejecutivo entiende que el reciente fallo «avala la tesis» que sustenta el recurso autorizado el año pasado por la Xunta, también ante el TS, contra el reglamento estatal de Costas.
Asimismo, Rueda también ha incidido en que el Gobierno autonómico ve en el fallo de Ence un apoyo a las premisas que han aplicado en el desarrollo de la ley gallega del litoral, que está en preparación.
En concreto, en su día la Xunta recurrió el reglamento de Costas con el objetivo –ha reiterado el mandatario gallego en su intervención de este jueves– de evitar los efectos negativos que, bajo su punto de vista, acarrea para propietarios particulares y para la industria instalada desde hace «muchos años» en el litoral de la Comunidad.
Entre otras cuestiones, el Gobierno gallego aludía en su recurso a la eliminación de la posibilidad de prórrogas extraordinarias de todas las concesiones de actividades económicas; y establecía una duración máxima de 30 años para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre.
CONCESIONES QUE «CUMPLEN» LAS PAUTAS MEDIOAMBIENTALES
Enfrente, el reciente pronunciamiento del Supremo sobre Ence considera, según ha informado, que se pueden prorrogar las concesiones anteriores a la Ley General de Costas de 1988 siempre que consten informes medioambientales favorables.
Rueda ha esgrimido que, según el análisis realizado por la Xunta, más allá del impacto «político» y «social», el fallo «avalaría la tesis» de su Gobierno frente a una norma de Costas «muy restrictiva» y que confronta con concesiones –ha esgrimido– otorgadas antes de 1978 y cuya actividad «cumple» con las pautas medioambientales requeridas.
