El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha admitido este jueves «preocupación» por el panorama económico en Galicia y el Estado, si bien ha precisado que los distintos organismos ya auguraban unos primeros meses del año «duros» y ha ratificado las previsiones de la Comunidad, cuyos presupuestos para 2023 recogen un crecimiento del PIB del 3,6%.
A preguntas de los periodistas, tras la reunión semanal del Gobierno gallego, Rueda ha asegurado que no oculta su «preocupación» por la situación económica, una actitud que ha contrapuesto con el «optimismo a toda costa» del Gobierno central, empeñado, a su juicio, «en decir que no hay que preocuparse por nada y que todo va a ir bien».
«La realidad lo desmiente y el panorama general parece que es bastante complicado», ha esgrimido, para añadir que, en todo caso, Galicia «cumplió» con sus previsiones en 2022 y, según los indicadores adelantados del Instituto Galego de Estatística (IGE), pese a que otros órganos económicos son más pesimistas, también está en condiciones de cerrar 2023 con un crecimiento del 3,6%.
«Todo indica que se puede cumplir y ya en la memoria económica de los presupuestos se apuntaba que los primeros meses del año, sin llegar a la recesión, iban a ser complicados», ha indicado y ha añadido que, aunque el contexto no es alentador, se ha registrado alguna «buena noticia». «Antes de acabar enero recuperamos el PIB anterior a la pandemia», ha ejemplificado.
En cuanto a las medidas para combatir la situación económica, ha aludido a que la Xunta ha dado pasos en distintos frentes con ayudas a emprendedores y autónomos, rebajas fiscales, apoyos al sector ganadero o bonos de carácter social para contribuir, por ejemplo, a reducir el impacto del recibo de la luz en las familias con más dificultades.
AJUSTES PRESUPUESTARIOS EN INFRAESTRUCTURAS
Finalmente, preguntado por el impacto de tener que volver a licitar o ajustar por sobrecostes determinadas infraestructuras debido también al alza de precios y su efecto en la construcción, ha asegurado no disponer de un dato global, pero ha puntualizado que la Administración gallega ha analizado en cada caso el coste de la «reprogramación» en cuestión.
Al respecto, ha defendido que la Xunta siempre defendió que era precisa una normativa para regular los ajustes de acuerdo al alza de los precios.
«El Gobierno central nos dijo que no y luego hizo la normativa tarde, mal y rastras», ha lamentado, para añadir que la Xunta, en todo caso, tomó la delantera y reprogramó con previsión «infraestructuras ya en marcha» o las que «eran prioritarias y tenían que ejecutarse».
