La tasa de criminalidad en la provincia de Pontevedra al término de 2022 fue de 37 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, casi siete puntos por debajo de la media del Estado.

Las cifras delictivas de Pontevedra el pasado año han sido analizadas este miércoles en la junta provincial de seguridad, en la que han participado la subdelegada del Gobierno, Maica Larriba, y los máximos responsables de Guardia Civil y Policía Nacional.

La representante del Ejecutivo ha valorado los datos de 2022, que revelan que Pontevedra «sigue siendo una de las provincias más seguras» del Estado al presentar una tasa delictiva de 37 infracciones penales por cada 1.000 habitantes por las 43,8 del conjunto español.

«La provincia es segura y nuestras ciudades y villas son seguras a pesar de momentos puntuales con pequeños repuntes de delitos muy llamativos en la ciudadanía por su efecto sobre las propiedades personales», ha declarado Larriba, según recoge un comunicado.

El informe de criminalidad revela que las infracciones penitenciarias «siguen estrechamente vinculadas al aumento de los delitos leves» como los pequeños hurtos, los daños o las lesiones.

Esta tendencia, según lo analizado por subdelegación y fuerzas del orden, es consecuencia «de la recuperación de la actividad social normal tras la pandemia y, en muchas ocasiones, relacionados con el ocio nocturno».

CIBERDELITOS

Asimismo, también se mantienen al alza los ciberdelitos, que se cometen tanto en el ámbito rural, competencia de la Guardia Civil, como en las zonas urbanas, responsabilidad de la Policía Nacional.

De este modo, el 29% de los delitos que atiende la Guardia Civil son cometidos a través de Internet, porcentaje que descienden al 20% en las cifras de la Policía Nacional.

Además, la tasa de esclarecimiento de delitos se mantuvo en niveles similares a las de 2021, con un leve repunte inferior al 1% «a pesar de la ciberdelincuencia» que, como ha explicado Larriba, se trata de casos que se generan «en muchas ocasiones desde países muy lejanos y suponen estafas de cantidades pequeñas de dinero».

Otro de los aspectos destacados por la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra es el número de personas con órdenes de declaración que fueron puestas a disposición de la justicia, que aumentó un 12% en el caso de la Policía y un 15% en la Guardia Civil.

«Esta acción dio como fruto que casi 1.000 personas con órdenes de reclamación se pusieran delante de un juez, lo que supone una reducción, en muchos casos, de la delincuencia reiterada que se dedica en gran medida a pequeños hurtos», ha remarcado Larriba.