El pleno de la Diputación de Lugo ha sacado adelante una moción, del gobierno de socialistas y nacionalistas, para reclamar a la Xunta de Galicia una línea de ayudas para que los ayuntamientos puedan hacer frente a los daños ocasionados por los temporales.

El presidente, el socialista José Tomé, ha precisado que, con esto, se busca que «la Xunta asuma sus responsabilidades y sus competencias», ya que «cuando hay temporales que causan daños en los ayuntamientos, es la Xunta la que debe de salir en ayuda de esos ayuntamientos».

Antes de entrar al pleno, Tomé ha afeado que «lo que no vale es que todas las administraciones estén al mismo nivel, porque no todos disponen de los mismos medios, ni de las mismas competencias, ni las mismas responsabilidades».

El presidente de la Diputación ha pedido al PP que «deje de despistar las responsabilidades, y que le diga al Gobierno gallego que asuma sus competencias y ayude a los ayuntamientos afectados por las riadas.Sobre los municipios afectados por los temporales, Tomé ha señalado que «básicamente» se concentran en la zona de A Terra Chá.

Sus socios de gobierno, por medio del portavoz nacionalista Efrén Castro ha asegurado que se trata de una «moción lógica, y en la Ley de Galicia está lo de los desastres naturales, y todos vieron las consecuencias que tuvieron los temporales en muchos puntos de la provincia y vemos los gastos que tuvieron que asumir los ayuntamientos y los que tuvo que asumir la Diputación». «Solo queremos que se aplique la ley y la Xunta colabore en esos gastos que siempre tienen que asumir las corporaciones locales», ha indicado.

Ya desde el PP, su portavoz Javier Castiñeira, condicionaba su respaldo a una enmienda por la que se pretende conseguir ayudas «de todas las administraciones, de la Xunta, del Estado y de la Diputación de Lugo».

En el mismo pleno provincial se aprobaba una moción de apoyo a la manifestación del 12 de febrero, en apoyo a la Sanidad Pública, en Compostela.

La vicepresidenta, la nacionalista Maite Ferreiro, puso el acento en que «una vez más tiene que ser el personal de la sanidad pública los que denuncien la situación de precariedad laboral» y, además de la carencia, que hay de personal sanitario para que cubran los centros de salud dado que «implica una mala atención, y eso ya desde antes de la pandemia».