El PSdeG de Ourense ha exigido a la Xunta que aclare si el futuro centro de atención a personas con discapacidad (CAPD) de la ciudad «tendrá gestión directa y pública o no», y ha denunciado la «inacción» del presidente Rueda y de la conselleira de Política Social, Fabiola García, ante las demandas de las familias con hijos con discapacidad de esta provincia.

Según han recordado representantes socialistas en rueda de prensa, la de Ourense es la única provincia gallega que carece de un centro público de estas características y han reclamado al gobierno gallego que atienda a las familias que necesitan ese servicio y les den «todas las explicaciones necesarias», ya que están en una situación «de gran dificultad».

«Demandamos respeto para las familias y para la ciudadanía de Ourense, en un tema tan trascendental como es el tipo de gestión que va a tener el centro», ha apuntado la diputada socialista por Ourense, Marina Ortega, que ha acusado al PP de «jugar a la confusión, afirmando que el centro es de titularidad pública», pero sin aclarar la gestión.

Al respecto, ha incidido en que las familias de hijos e hijas con discapacidad tienen una «preocupación» fundamental, y es saber que éstos tendrán unos cuidados adecuados, en un centro con supervisión, para cuando ellos ya no estén para encargarse.

Así, Ortega ha trasladado las sospechas de los socialistas de que la gestión del CAPD será derivada a una empresa privada, algo a lo que se oponen «rotundamente», y ha lamentado que la conselleira no haya recibido a las familias, «que llevan desde 2016 movilizándose y revindicando un centro de gestión pública».

El PSdeG de Ourense ha expresado su apoyo a la «lucha» de las familias y a la Plataforma ProCAPD Ourense en su demanda «urgente» para un centro que ven como un «espejismo que parece no llegar nunca», y han censurado «los continuos incumplimientos» del plazo de cosntrucción.

La representante de la Plataforma, Eva Gutiérrez, ha recordado que su demanda no es solo cuestión de estas familias, sino de todos los gallegos, que pagan impuestos con los que sufragará el centro (cuya inversión presupuestada es de 8 millones de euros). «(Ese dinero) sale del bolsillo de todos los gallegos, y no podemos dejarle este edificio a una entidad privada», ha recalcado.

Finalmente, ha calificado como «insulto» que, tras el anuncio de que se retomaban los trabajos, «a día de hoy hay solo dos obreros» realizando tareas y, ante esta «tomadura de pelo», ha cuestionado el plazo de finalización de dichas obras, previsto para dentro de 13 meses.