El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este viernes la constitución de la Comisión bilateral de cooperación entre el Estado y la Xunta para resolver las discrepancias que ha generado la ley 3/2022 de 18 de octubre, de áreas empresariales de Galicia.
Se da la situación de que esta normativa aprobada hace unos meses en la Cámara gallega abrió una crisis en el PSdeG de Valentín González Formoso, ya que el diputado encargado de defenderla en la tribuna, y que durante la tramitación parlamentaria avaló la abstención, censuró la norma al tiempo que anunciaba el voto favorable de su grupo parlamentario en consonancia con la decisión final de la dirección.
Esto supuso que la ejecutiva del partido iniciase un expediente disciplinario contra el diputado, Martín Seco, afín al anterior secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, si bien han pasado casi cuatro meses sin que se haya resuelto por parte de Ferraz.
Al margen de esta circunstancia, Xunta y Estado negociarán sobre las discrepancias manifestadas en relación a los artículos 14, 28, 38, 44, 58, 84 y las disposiciones adicionales segunda y quinta de la ley, acuerdo que comunica al Tribunal Constitucional –en virtud de lo que se paraliza en esta vía la tramitación del conflicto abierto por el Estado–.
Concretamente, el artículo 14 versa sobre el inicio de la solicitud y las comprobaciones de la autoridad ambiental. El artículo 28 trata las modificaciones no sustanciales y el tratamiento por parte de las autoridades ambientales gallegas al respecto; mientras que el artículo 38 aborda el procedimiento de aprobación de los planes estructurales de ordenación del suelo empresarial sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada.
El Gobierno también plantea discrepancias en el artículo 44, sobre las cesiones urbanísticas; mientras que el artículo 58 trata sobre el procedimiento de aprobación de los proyectos de desarrollo y urbanización de competencia del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) sometidos a evaluación de impacto ambiental ordinaria.
En el artículo 84, el Gobierno central ha mostrado sus discrepancias sobre los supuestos de constitución obligatoria de entidades de conservación, gestión y modernización.
DISCREPANCIAS EN LAS DISPOSICIONES ADICIONALES
En cuanto a las disposiciones adicionales, la segunda trata las exenciones de los títulos habilitantes urbanísticos de competencia municipal (los proyectos que no necesitan licencia urbanística).
La disposición adicional quinta recoge la «compatibilidad» de usos en las áreas empresariales con la siguiente redacción: los usos productivos del sector secundario o terciario se considerarán en todo caso compatibles con los usos dotacionales, aunque esta compatibilidad no estuviera expresamente prevista en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística aplicables.
ACUERDOS DE LA COMISIÓN BILATERAL
Según figura en la web de la Vicepresidencia Segunda de la Xunta, en el año 2022, la Comisión Bilateral resolvió tres conflictos al respecto de otras tantas cuestiones: la Ley gallega de recuperación de la tierra agraria, una trasposición europea y la Ley gallega de medidas fiscales y administrativas de los presupuestos de 2022 (ley de diciembre del 21), la última ley presupuestaria de Alberto Núñez Feijóo al frente del Gobierno gallego.
En lo que va de legislatura, también se solventaron por esta vía las discrepancias del Gobierno sobre la Ley de pesca continental; la reforma de la Ley de salud de Galicia –la ley de la pandemia que fue polémica por la obligación de vacunación–; la Ley de simplificación administrativa y apoyo a la reactivación económica; y la Ley de residuos y suelos contaminados.
Por su parte, la Xunta recurrió ante el Tribunal Constitucional la Ley de cambio climático, el cual fue desestimado. Además, falta por solventar el recurso interpuesto por el Gobierno gallego contra una trasposición de la directiva europea, concretamente, a su artículo tercero –impuesto de sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio–.
