El número de plazas en residencias de mayores aumentó un 3,24% en Galicia en 2021 hasta alcanzar las 21.053 (682 más que el año anterior), pero aún se necesitarían 14.072 para alcanzar las cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65 años que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS), según revela un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Del total de plazas en 2021 en la región, 14.234 correspondían a residencias de gestión pública (el 67,6%), que incluye plazas en centros públicos, plazas concertadas en centros privados, y plazas que se financian con la prestación vinculada al servicio y las 6.819 restantes eran privadas (32,4%).
Atendiendo a la ratio de plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años en Galicia, según su financiación, hay 2,03 plazas públicas frente a las 0,97 privadas. Respecto a 2020, se observa una bajada en las plazas privadas disponibles (del 1,1% al 0,97%) y un incremento en las públicas (del 1,83% al 2,03%).
DATOS NACIONALES
A nivel nacional, el número de plazas se ha incrementado un 2% en 2021 hasta alcanzar las 397.443 (7.766 más que el año anterior), tras el «estancamiento» en 2020 por la pandemia de la Covid-19, mientras que aún se necesitan 76.350.
«Los datos recientemente publicados por el IMSERSO parecen indicar un crecimiento del sector residencial en 2021, tras el estancamiento registrado el año anterior como consecuencia del enorme impacto del Covid-19 en estos centros. Se pone de manifiesto que las residencias siguen siendo una gran necesidad en nuestro país, por el incremento de población de avanzada edad y en situaciones de dependencia y necesidad de cuidados de larga duración», señala la asociación en un comunicado.
Por ello, precisa que, a pesar del incremento de plazas residenciales, su déficit sigue aumentando. Así, si en 2014 faltaban 53.103 plazas para alcanzar la ratio del 5%, en el último año este déficit alcanza las 76.350.
Además, la asociación advierte de que, teniendo en cuenta la demanda que existe actualmente sin atender, serían necesarias al menos 35.000 plazas residenciales para las personas con dependencia severa (Grado II) o grandes dependientes (Grado III), que se encuentran en la lista de espera o ‘limbo’ de la dependencia.
Según los últimos datos oficiales del IMSERSO, 80.862 personas con Grado II y III están en lista de espera para ser atendidas, a las que hay que sumar 60.000 pendientes de valorar, que previsiblemente obtendrán uno de esos grados, lo que eleva el número hasta las 140.862 personas, de las cuales, aplicando también los porcentajes actuales de personas atendidas, una de cada cuatro demandaría un servicio residencial en plaza pública, concertada o en prestación económica vinculada a ese servicio.
Según el estudio, las comunidades con mayor déficit de plazas son Andalucía y la Comunidad Valenciana, con 31.475 y 23.485 respectivamente. Justo a continuación se encuentra Galicia, con 14.072. Mientras, en cinco comunidades sigue habiendo un exceso de plazas, entre las que destaca Castilla y León, con 17.503, seguida de Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y Asturias.
Respecto a la financiación, más de seis de cada 10 plazas residenciales de mayores son de financiación pública (el 62,7%), lo que incluye plazas en centros públicos, plazas concertadas en centros privados y plazas que se financian con la prestación vinculada al servicio.
Según el informe, el porcentaje de plazas de financiación pública ha ido aumentado «ligeramente», pero se ha «estancado» en los tres últimos años, en 2,63 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años.
Las comunidades con mayor cobertura de plazas de financiación pública son Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas de Extremadura y Aragón. Por el contrario, las que menos plazas de financiación pública tienen son Canarias y la Comunidad Valenciana, que no alcanzan un 1,5%. Por su parte, Madrid es la única comunidad donde las plazas exclusivamente privadas tienen una cobertura mayor (2,53%) que las de financiación pública (1,83%).
UNA RATIO INADECUADA
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales advierte de que la ratio que se utiliza para estimar la necesidad de plazas residenciales, tomando como referencia la población mayor de 65 años (5%) resulta «a todas luces inadecuada» en la sociedad actual ya que la media de edad de las personas mayores en residencia se sitúa en torno a los 85 años.
Por ello, solicita al IMSERSO que proponga al Consejo Territorial un acuerdo para fijar «una ratio más adecuada a la sociedad actual y a la situación y demandas de las personas mayores, contando para ello con el asesoramiento de las organizaciones científicas y las entidades del sector».
También recuerda que el Ministerio de Derechos Sociales anunció un acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE) para incluir los centros residenciales en el Plan Estadístico Nacional en 2022 pero advierte de que ha finalizado el año sin que el INE haya publicado dichos datos.
