La Xunta y representantes de los letrados de administración de justicia han acordado la creación de un grupo de trabajo mixto orientado a abordar los cambios normativos y organizativos que afecten al sector, como la nueva ley de Efiencia Organizativa aprobada por el Gobierno central.

Este jueves, el director xeral de Xustiza, José Tronchoni, ha participado en una reunión telemática con distintas organizaciones de letrados de la administración de justicia para constituir esta comisión.

Según ha trasladado la Xunta tras el encuentro, el objetivo es «abordar el funcionamiento, estructura y personal al servicio de la administración de justicia», así como estudiar los cambios normativos que puedan requerir de unificar criterios de actuación.

A nivel organizativo, la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa en la que trabaja el Ejecutivo central contempla modificaciones a las que ya se ha opuesto la Xunta, como recuerda en una nota de prensa.

En concreto, rechaza los modelos de referencia para las nuevas oficiales porque entiende que «no se adaptan a las características de los órganos judiciales de la Comunidad gallega».

Según Tronchoni, la «dispersión» y el «envejecimiento» de la población «dificulta» la posibilidad de comarcalizar las oficinas en Galicia, al tiempo que considera que los letrados deberían participar en el debate y las negociaciones del cambio de modelo para «conseguir un acuerdo con el máximo consenso».

Una de las principales novedades de la nueva es la conversión de los juzgados en tribunales de instancia en cada partido judicial con sede en la capital. La meta del Gobierno es simplificar el acceso de la ciudadanía a la justicia, al haber solo un tribunal y no juzgados diferentes. Se espera, también, favorecer la especialización y dotar de mayor flexibilidad a la planta judicial.

La nueva norma también contempla que los juzgados de paz se transformen en oficinas de justicia en los municipios con la intención de hacer frente a la despoblación en zonas rurales y acercar el servicio público a la ciudadanía.

LA XUNTA DUDA DE LA DOTACIÓN DE PERSONAL

Así las cosas, la Xunta ha reiterado que «no se aclara» en los modelos de referencia de las nuevas oficinas judiciales «cuál será la situación definitiva de su personal, ni sus funciones y estructura», por lo que considera que se deja «todo abierto a la negociación de la relación de los puestos de trabajo (RPTS) con las organizaciones sindicales».

Por último, asegura que «se omiten» supuestos como los funcionarios de guardia o los juzgados de violencia sobre la mujer y «tampoco queda definido» el encaje de los registros civiles con la oficina judicial transformando los actuales juzgados de paz.