La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, responde a las acusaciones de Lugo Monumental de no entender «que se pretenda que los comerciantes negocien con la concesionaria de un parking público». La regidora cree que «ser un gobierno de izquierdas no puede ser el paraguas para que todo lo asuma la administración pública».

El presidente de la asociación de comerciantes Lugo Monumental, Luis Latorre, se muestra «asombrado» por las declaraciones de la socialista en las que «dice que sean los comerciantes los que se convenien con las concesionarias de los aparcamientos públicos» para llegar a un acuerdo con la subida de las tarifas.

Latorre dice que es «cuanto menos chocante» que el Ayuntamiento responda de esta manera cuando el problema de «un aumento de los precios» se da en un servicio «público en manos de la gestión privada».

La alcaldesa explica que la subida de las tarifas se debe al incremento del IPC «un 6% que ya se ha aumentado en octubre porque nos regimos por una franja de doce meses que va de octubre a octubre», algo que, según ella es lo que provoca la diferencia de precio con el resto de ciudades gallegas.

Según el representante de los comerciantes, Lugo es la ciudad «más cara» para aparcar en un parking público, sin embargo, la socialista defiende todo lo contrario, que es «una de las baratas», y que el desfase de los datos viene dado «porque en el resto de ciudades todavía no han aplicado la subida correspondiente al IPC».

Para Latorre, las soluciones a este problema pueden ser varias. La primera que el Ayuntamiento «rescate de la concesión y que la explote una empresa social», y la segunda que negocien «directamente los precios con la empresa concesionaria».

Méndez explica que «no se puede hacer», debido a que «hay un pliego, vigente desde 1986, con vigencia durante 49 años y aprobado por el Partido Popular en el que se recoge que los precios de las tarifas aumentarán con el IPC de cada año».

Para la socialista, Lugo Monumental está usando «información y datos sesgados», mientras que la asociación defiende «poner sobre la mesa un problema que perjudica al casco histórico» y que lamentan «no va a tener solución».