El Parlamento gallego ha reclamado a la Xunta, por unanimidad tras propuesta del PSdeG, que detalle las ayudas a El Correo Gallego entre los años 2009 y 2022.

En su intervención en la Comisión Institucional, el diputado socialista Pablo Arangüena ha resaltado que la empresa está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago por «presuntos delitos que incluyen el blanqueo de capitales». Así, apunta que entre las ayudas de la Xunta se encuentra un préstamo de 2,5 millones de euros concedido por Xesgalicia en 2018, cuando la empresa acumulaba deudas de 2 millones con la administración tributaria y de varias nóminas impagadas a sus empleados, resalta.

Al respecto, hace hincapié en que el préstamo de Xesgalicia se concedió «con voto a favor del vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, y que nunca fue devuelto».

Con base en los informes de la investigación, el diputado socialista señala que «el director del periódico usó toda su capacidad de influencia para conseguir ese regalo de la Xunta». «Eso se llama tráfico de influencias», sentencia Arangüena.

Y es que recrimina que «financiaron una empresa zombi e insolvente», en lo que tacha de «grave irresponsabilidad cometida además por el vicepresidente de la Xunta de Galicia, el señor Conde».

Así, el Parlamento gallego requiere una relación detallada de las ayudas, ingresos y garantías de cualquier tipo obtenidos por el periódico El Correo Gallego desde la llegada del PPdeG a la Xunta, entre 2009 y 2022, incluido el concepto de cada una de esas ayudas.

Asimismo, también se demanda una estimación de los importes adeudados por El Correo a la Xunta y a sus entidades y empresas dependientes, así como el porcentaje que prevén recuperar de estos importes.

Por su parte, Luís Bará (BNG) ha expuesto que se trata de unos «hechos muy graves» que «merecen una explicación» de la Xunta, de forma que haya «máxima transparencia».

Bará alerta sobre que se concediesen ayudas a pesar de no cumplirse los requisitos legales debido a las deudas con la Seguridad Social y Hacienda, que sumaban «más de dos millones de euros», además de existir trabajadores con dos años pendientes de cobrar de salario.

POSTURA DEL PP

En cambio, Alberto Pazos Couñago (PP) ha reprobado un «nuevo episodio de difama que algo queda», según dice, «tan característico de la trayectoria parlamentaria del señor Arangüena», a quien ha tildado de «inquisidor» por «construir una fábula» sobre la concesión de un crédito que «no está siendo investigado por nadie».

«No se investiga ningún trato de favor, básicamente, porque no existe trato de favor teniendo en cuenta que el crédito fue concedido en condiciones de mercado». «La Xunta no está siendo investigada, vamos a dejar esto claro», afirma, al tiempo que remarca la colaboración del Gobierno gallego con el juzgado.

Aquí, Pazos Couñago apunta que se investiga «un presunto delito de blanqueo de capitales» de alguien «que no forma parte» del Gobierno gallego por un uso presuntamente fraudulento «procedente de diferentes orígenes: bancario, Xunta y del Ayuntamiento de Santiago», pero «en ningún caso se está cuestionando la actuación ni de los bancos ni Xunta ni Ayuntamiento de Santiago».

Por todo ello, el diputado popular reprueba las acusaciones de la oposición «sostenidas únicamente por el perjuicio ideológico», «carentes de cualquier sustento fáctico o ideológico», «amparándose en el abuso de la prerrogativas parlamentarias» que sin acta de diputado «podían ser constitutivas de un delito de calumnias». No obstante, el PPdeG ha votado a favor de la proposición.