La asociación de consumidores En Colectivo critica el «parche» que pone el Gobierno central a la subida de los peajes de la autopista AP-9 con la medida adoptada este martes en Consejo de Ministros –el límite de su aumento al 4%–, puesto que solo supone una «demora» de un mayor incremento hasta el año 2024.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de esta asociación, Diego Maraña, advierte que el Ejecutivo «pierde una oportunidad para igualar» las condiciones de gallegos con las de catalanes y valencianos. «Una vez más se nos da un trato diferente», lamenta.

Además, avisa del riesgo de que, si el IPC continúa «disparado» en 2024, lo que pasará con la AP-9 es que persistirá «el mismo problema, pero –multiplicado– por dos».

En Colectivo es crítico con los fondos de inversión extranjeros que conforman en la actualidad Audasa, la concesionaria de esta autopista.

LA MEDIDA

Tras la medida tomada este martes por el Consejo de Ministros, el Gobierno mantiene las subidas extraordinarias de los peajes de la AP-9 en un 1% hasta el año 2038.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles decreto de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, que es el que incluye la decisión que afecta a esta y otras autopistas.

Así, en su artículo 51, se refiere a la subvención «extraordinaria y temporal de la revisión de tarifas y peajes en las autopistas de peaje de titularidad de la Administración General del Estado».

En ellas, indica, «la revisión ordinaria de las tarifas que corresponda aplicar en 2023 (…) será asumida por el Ministerio de Transportes en la medida necesaria para que los usuarios solo soporten una subida máxima de tarifas del 4%».

Concreta que la Delegación del Gobierno en las sociedades concesionarias de autopistas nacionales de peaje calculará de oficio el porcentaje de subida de las tarifas y su distribución entre la parte soportada por los usuarios y lo que corresponde asumir a Transportes y elevará la correspondiente propuesta al titular del ministerio, para su aprobación por orden ministerial antes del 1 de enero de 2023.

A partir de 2024, según añade, «se reducirá progresivamente el porcentaje asumido por el Ministerio de Transportes, conforme a los apartados primero y segundo de este artículo».

«El importe de la reducción se fijará motivadamente, por orden ministerial, a propuesta de la Delegación del Gobierno en las sociedades concesionarias, antes del 1 de enero de cada año».

Y avisa de que, «como máximo, el 31 de diciembre de 2026 deberá quedar suprimida esta subvención».

Asimismo, a partir de 2023 las sociedades concesionarias remitirán a dicha Delegación del Gobierno, en los primeros 15 días naturales de cada trimestre, una relación de los tránsitos que se hayan producido en el trimestre anterior, indicando sus ingresos por peaje y los que habrían percibido si no se hubiesen aplicado las medidas reguladas en este artículo.

Las sociedades concesionarias facilitarán al Ministerio de Transportes «cualquier comprobación que se estime oportuna en relación con la documentación remitida».

La Delegación de Gobierno en las sociedades concesionarias calculará la compensación a percibir por cada sociedad concesionaria. Dicha cantidad se incrementará con los intereses devengados desde el día 16 del segundo mes, punto medio del trimestre, hasta la fecha de pago, calculados al tipo de interés legal del dinero, explica.

CRÉDITO DE 23,3 MILLONES

El BOE también recoge que la Administración General del Estado dotará las partidas presupuestarias necesarias para la subvención extraordinaria y temporal de los incrementos de tarifas.

Y justo en el artículo siguiente establece un «crédito extraordinario para la financiación de la subvención extraordinaria y temporal de la revisión de tarifas y peaje en las autopistas» que, para 2023, será por importe de 23,3 millones de euros, en el presupuesto del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

A la espera de cómo se establecen los nuevos peajes por tramo, el cálculo de incrementar un 4% los peajes implica que A Coruña-Santiago pasa a costar 7,5 euros, Santiago-Pontevedra 6,4 euros y Pontevedra-Vigo 4,3 euros.