La Xunta ha presentado este martes un estudio, llevado a cabo en colaboración con la Universidade de Santiago de Compostela (USC), que pretende poner sobre la mesa las bases para poner solución a los casos en los que no está clara delimitación competencial entre las entidades locales y autonómicas.
Este informe teórico, realizado por el grupo de investigación de la universidad ‘Empresa e Administración’, sitúa a los ámbitos del medioambiente, servicios sociales, sanidad, educación y servicios de protección como los más problemáticos.
Durante su presentación en Santiago, los expertos han insistido en la idea de que va a ser un documento «vivo», en el que se irán incorporado día a día las modificaciones necesarias. Así, han subrayado que en el trabajo, en el que no se habla de cifras, han participado todos los organismos autonómicos.
Además, han explicado que esta situación de delimitaciones poco claras se agravó durante la pandemia, «ya que aparecieron nuevas necesidades sociales a las que tuvieron que atender, en ocasiones, sin saber de quién es la competencia».
EJEMPLOS CONCRETOS
En el acto de presentación, se han puesto algunos ejemplos concretos sobre los que la delimitación de las competencias entre Xunta y ayuntamientos no están claras.
En el ámbito sanitario, la Administración autonómica tiene competencia para asumir centros de salud de titularidad municipal y sustituirlos por nuevos de titularidad del Servizo Galego de Saúde (Sergas), al igual que en las unidades asistenciales de drogodependencias de titularidad municipal.
Sin embargo, en el que respeta a la situación del personal municipal de los centros de atención a drogodependencia, su integración en la Administración autonómica exigirá el cumplimiento de los principios legales de igualdad, mérito y capacidad.
Así, en lo que se refiere a la atención a las emergencias, en materia de bomberos y salvamento y de protección civil y emergencias, es competencia de los municipios de más de 20.000 habitantes, y de las diputaciones provinciales en el resto de municipios. «ESTAMOS AL LADO DE LOS AYUNTAMIENTOS»
Por su parte, el vicepresidente segundo de la Xunta, Diego Calvo, ha indicado que la falta de claridad en la delimitación de algunas competencias «es un problema que hay que enfrontar desde la seriedad».
Calvo ha apuntado que la prioridad de la Xunta «es estar al lado de los ayuntamientos y los vecinos» y que el objetivo «no es poner una cantidad de presupuestos, sino ser consciente de esos casos, intentar que no sigan ocurriendo y reconducir la situación».
En esta línea, ha destacado que «muchas veces las circunstancias obligan a asumir una obligación que no estaba asumiendo nadie y sin respaldo jurídico detrás». Así, ha puntualizado que este estudio sirve para «intentar llegar a acuerdos para los próximos años».
CONSELLO DE LA XUNTA
El presidente gallego, Alfonso Rueda, señaló el pasado día 1 de diciembre, tras la reunión semanal de su Gobierno en la que se abordó este informe, que respalda que «las entidades locales están obligadas a la prestación de servicios sociales comunitarios básicos» como es el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), entre otros.
De hecho, según recoge el documento al que se refirió Rueda, la ley de racionalización y sostenibilidad financiera de las administraciones locales, del año 2013, supuso una nueva configuración de las competencias municipales y estableció que estas administraciones no pueden asumir ninguna atribución distinta a las propias si no garantizan su sostenibilidad financiera.
Este informe, que el Gobierno autonómico indicó que trasladaría «de inmediato» a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), se conoce después de uno que elaboró esta última entidad y que apuntaba que los ayuntamientos asumen anualmente un déficit de 624 millones de euros por la prestación de servicios que no les corresponde.
