La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha aclarado que la nueva Ley de Empleo no transferirá la gestión de las prestaciones públicas de desempleo a las comunidades autónomas, una afirmación vertida desde el PP y que la ministra ha calificado como «inveraz».

Así lo ha indicado en la conclusión del debate en el Pleno del Congreso de la nueva normativa de empleo, donde Díaz ha querido aclarar el punto referido a la gestión de las prestaciones «a efectos del respeto del la Cámara».

«Como saben y como decimos en Derecho, donde hay papeles, las barbas se callan», ha incidido Díaz en su discurso final, donde la vicepresidenta también ha querido agradecer al resto de grupos su papel durante la tramitación de la normativa, así como las enmiendas introducidas al texto original.

PSOE Y PODEMOS DESTACAN LA TRANSFORMACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO

En lo que respecta al debate de la norma, la nueva Ley de Empleo ha supuesto una clara división de opiniones en el Parlamento, siendo PSOE y Unidas Podemos los grupos que han ensalzado las virtudes del proyecto.

La nueva norma transformará el actual Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) en una nueva Agencia Estatal de Empleo, lo que prevé permitir una mejor gestión y funcionamiento sin que suponga un cargo económico para el erario.

La diputada del PSOE, Esther Peña Camarero, ha destacado que la ley «llega para mejorar la vida de las personas trabajadoras de España». Entre las nuevas modificaciones de la ley, la diputada ha destacado que con la nueva norma un desempleado tendrá un catálogo común de servicios garantizados con una lista de 11 derechos públicos que los servicios de empleo le van a ofrecer.

Del lado de Unidas Podemos, Aina Vidal, ha celebrado la creación de la Agencia Estatal de Empleo, que adoptará un carácter multidisciplinar y supondrá una transformación en la intermediación laboral. En resumen, la diputada ha destacado que la nueva normativa supone una «transformación de largo alcance» de las políticas activas de empleo.

Otro punto muy referido en el debate ha sido la enmienda pactada entre EH Bildu, PSOE y Podemos para que Inspección de Trabajo se pueda pronunciar en un despido colectivo o Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

En este sentido, el diputado de ERC, Salvador I Lluch, se ha felicitado por la enmienda introducida en lo relativo al despido colectivo y el nuevo papel asignado a la Inspección de Trabajo, algo que el diputado califica como un «avance y una mejora» que abre la puerta a seguir aprovechando las oportunidades «para seguir consiguiendo derechos».

Del lado de EH Bildu, Oskar Matute ha asegurado que para su grupo es «un honor» que la CEOE se moleste por esta modificación en el texto, ya que de lo contrario supondría «un horror» para su grupo. Asimismo, ha dejado claro que su grupo se posicionará a favor del proyecto de ley, que entiende que incluye propuestas para defender políticas de igualdad efectivas en el acceso al empleo.

PP Y CIUDADANOS CRITICAN LA TRAMITACIÓN «CHAPUCERA» DE LA NORMA

Por el lado de las críticas, la diputada de Ciudadanos, María Muñoz, ha adelantado que a su grupo no le ha convencido el proyecto de ley, ya que «tenía mucho más de rimbombante que de revolucionario». Además, ha criticado la tramitación de la normativa, que a su juicio ha sido una de las legislativas «más chapucera y desastrosas» que ha visto la diputada.

En este sentido, Muñoz ha recriminado que la ley «no está a la altura de la revolución que necesitan las políticas activas de empleo». También se ha referido la diputada a la modificación del Estatuto de Trabajadores en el punto sobre los despidos colectivos, y ha considerado que la enmienda «tiene mucho de mala fe negociadora».

Por la parte del PP, Diego Movellán Lombilla se ha sumado a las críticas por la tramitación del proyecto, que a su juicio es una de las «más chapuceras de esta Cámara». Además, el diputado ha espetado que la norma es algo «poco más que una redacción que aspira, pero que no va a conseguir», a convertir el Sepe en una mera «oficina de tramitación de prestaciones».

En lo que se refiere a la enmienda relativa a los ERE, Movellán ha criticado la «traición» del Gobierno, al que ha acusado de «venderse al mejor postor». Asimismo, el diputado ha indicado que el texto no refuerza las políticas activas de empleo y ha acusado al Gobierno de «no entender que la gente quiere trabajar y no estar subsidiada».

Del lado de BNG, Néstor Rego se ha posicionado en contra del proyecto al entender que la norma supone una «oportunidad perdida» para avanzar en las políticas de empleo y supone la apertura a la «privatización» del Sepe. De su lado, Josep Pagès, de Junts, ha incidido en que la ley es demasiado «estatista» y «centralista» y además «no pone a las personas en el centro de las políticas».

Por último, para Juan José Aizcorbe, de Vox, la «auténtica razón» del proyecto legislativo pasa por promover «la manida perspectiva de género». Asimismo, ha incidido en que otra de las intenciones de la normativa de esta ley «es la mala gestión del desempleo», ya que introduce a Inspección de Trabajo en los despidos colectivos, lo que además «revienta» los acuerdos alcanzados en el seno de la reforma laboral.