La viceportavoz del BNG en el Parlamento de Galicia, Olalla Rodil, ha reclamado este lunes un sistema público que «garantice el derecho a una vejez digna» centrado en las personas y no «en los intereses empresariales».

En rueda de prensa en la Cámara gallega, Rodil ha defendido que Galicia «ya tiene un cuarto de población con más de 65 años», algo que ha reconocido «es motivo de orgullo», pero también tiene la «responsabilidad» de garantizar que las personas mayores «disfruten de buena salud, calidad de vida y bienestar».

Así, ha reflexionado que tenía la convicción de que la pandemia «debía ser un punto de inflexión», ya que «puso en evidencia la atención a los mayores».

Ante esto, ha explicado que durante los últimos años el BNG ha impulsado «múltiples iniciativas», incluida una «proposición de ley gallega de residencias» porque, ha asegurado, el modelo de residencias se ha convertido «en un negocio» con «más del 80% en manos privadas y regadas con ingentes cantidades de dinero público». «100 millones de euros al año», ha concretado.

«Pasaron más de dos años y a pesar de los anuncios vemos que todo sigue igual. El gobierno del PP no cambió nada y este Parlamento a día de hoy continúa sin poder acceder a los datos de personas fallecidas con Covid-19 en las residencias gallegas», ha apuntado Rodil.

En este sentido, ha lamentado que la Xunta «no ha modificado la normativa que regula estos centros» y tampoco «las ratios de personal», así como «un límite de plazas máximo» ni se cambió «el modelo de inspección».

Además, ha criticado que no se haya construido «ninguna residencia pública» y se desconoce «cuál va a ser el modelo de gestión de las siete que construye la Fundación Amancio Ortega».

«Vamos a seguir denunciando lo que está pasando en el país y defendiendo la necesidad de que se implante un sistema público de cuidados que garantice el derecho a una vejez digna, que despliegue una red de servicios públicos y fuertes, con el domicilio como unidad central, que garantice condiciones de trabajo dignas para quien nos cuida, y que garantice el acceso a la información», ha defendido la diputada nacionalista.