En torno a medio centenar de representantes sindicales del sector de la Administración de Justicia de los sindicatos CIG, CCOO, UGT y STAJ se han concentrado, ante los juzgados de A Coruña, en demanda de una negociación de la Ley de Eficiencia Organizativa para, entre otras cuestiones, garantizar sus condiciones laborales. De no atenderse sus demandas, no descartan la convocatoria de una huelga.

Junto a las condiciones laborales, sitúan como reivindicaciones los centros de destino y las funciones del personal funcionario ya que consideran que el anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa «no garantiza» estas cuestiones ni las retribuciones y otros derechos laborales.

Óscar Freixedo, secretario nacional de la Administración de Justicia de la CIG, explicó que coinciden en la necesidad de la modernización de la misma y que no se oponen al modelo planteado, pero sí a que si «no se llega a un acuerdo antes de la entrada en vigor de la norma» esta se aplique con todo su contenido, ha señalado sobre su demanda de negociación.

En el caso de Galicia, ha asegurado que la Xunta «no hizo nada» en relación a la implantación de la Oficina Judicial y que eso afecta al personal de cara a la nueva ley. Además, ha apuntado que servicios como la contratación temporal «pueden desaparecer» al tratarse, ha añadido, de un modelo por el que se plantearán los juzgados como «una macrooficina con distintos departamentos» de forma que un trabajador puede ser asignado a un juzgado u a otro en el mismo día en función de las necesidades.

Y es que, según han puesto de manifiesto los representantes sindicales, el anteproyecto permite la movilidad funcional y geográfica del personal y la asignación de las funciones correspondeintes a otros centros de trabajo distintos a aquel en el que estén adscritos.

En este sentido, han denunciado que la «movilidad discrecional» puede ser utilizada para el «control político» de la Administración de Justicia «a costa de recortes en los derechos de los funcionarios».

Por otra parte, demandan el desarrollo y retribución de la Carrera Profesional y la mejora de la Promoción Interna «para la recuperación del 50% de las plazas de las ofertas de empleo público», así como la convocatoria de un concurso de traslados, entre otras cuestiones.