Todas las miradas en el juicio por el accidente del tren Alvia están puestas en la comparecencia este jueves, a partir de las 9,30 horas, del ex director de seguridad de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA por sus siglas en inglés), Christopher Carr.
Esta agencia censura la única investigación oficial que realizó el Estado español sobre el siniestro, que solo apunta al maquinista, al advertir que no analizó «elementos clave» más allá del exceso de velocidad con el que el tren tomó la curva de A Grandeira, en el barrio compostelano de Angrois, donde murieron 80 personas y 145 resultaron heridas.
En el juicio están procesados el maquinista Francisco Garzón, que tomó la curva con un exceso de velocidad, y el ex director de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, por estar al frente del departamento de la empresa pública al que correspondería el análisis de riesgos de la línea.
Entre otras cuestiones, hasta el momento, en 16 sesiones, la jueza, el fiscal y las distintas partes han interrogado tanto a los acusados como a una serie de testigos y testigos-peritos por cuestiones clave como el aviso del riesgo que había en la curva y que transmitió un jefe de maquinistas y la señalización en la línea y el hecho de que algunos maquinistas tomaran como referencia para iniciar el frenado de 200 a 80 kilómetros por hora una señal en vía libre.
La utilización de los teléfonos móviles corporativos, la formación –que en el caso de Garzón se realizó solo por la vía 2 y no por la 1, que era la configurada en vía libre– y la documentación sobre los riesgos aportada por Ineco y por la unión temporal de empresas (UTE) que suministró el sistema de seguridad ‘ERTMS’ han sido otros de los puntos calientes en estos casi dos meses de juicio.
APUNTA A LA CIAF
En su informe, la ERA cargó también contra la falta de independencia de la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF), la responsable de la investigación que solo responsabiliza al maquinista.
De hecho, después de que se conociese, en 2016, pasadas las elecciones generales tras las maniobras del Gobierno para retrasar su publicación, fue cambiada la forma en la que se designan sus miembros.
Por su parte, la plataforma de víctimas del accidente mantiene abierto un contencioso en el Tribunal Supremo para exigir independencia en la CIAF.
Precisamente este martes, el ex director de seguridad de Renfe, Antonio Lanchares, reveló que en 2008 la operadora ferroviaria propuso la instalación de balizas que frenarían al Alvia, tras un descarrilamiento de características similares al de Angrois, en este caso en Medina del Campo.
Ese planteamiento fue descartado por la CIAF y también por Adif, según dio a entender Lanchares en su comparecencia, en calidad de testigo-perito después de haber estado investigado en fase de instrucción.
No obstante, y aunque «había características similares» con Medina del Campo, «como el exceso de velocidad, la existencia de una curva y la falta de balizas Asfa en las vías» –según subrayaba el ex jefe de seguridad de la ERA en su informe– la CIAF solo propuso mejorar la «actitud» de los maquinistas, en palabras de Lanchares.
LA PLATAFORMA
Coincidiendo con la participación de Carr en el juicio, la plataforma de víctimas del siniestro ha convocado una concentración en la Cidade da Cultura, sede temporal del juzgado de lo penal número 2 de Santiago.
También es previsible que vuelva a estar presente en esta jornada Cortabitarte, toda vez que reapareció el martes tras semanas ausente –excusado por la jueza, al igual que el maquinista– y también ha asistido a la sesión de este miércoles.
Las víctimas recuerdan que el informe de 2016 de la ERA «concluyó que el Gobierno no cumplió con la obligación de investigar la tragedia» y puso de manifiesto «la falta de independencia y la invalidez de la investigación realizada por el Gobierno, en concreto por la CIAF, al no analizar las causas raíz, precisamente las que afectan a Fomento, Renfe y Adif».
«Además, la ERA, en su informe y en su respuesta al juzgado –de instrucción– señala que ‘el riesgo fue identificado’ en la línea de Ourense-Santiago y ‘exportado al conductor’, cuando Adif tenía que haberlo gestionado y controlado mediante su sistema de gestión de seguridad», inciden.
A raíz del informe, tanto el Parlamento como la Comisión Europea han solicitado en varias ocasiones a los diferentes ejecutivos que se repita la investigación.
LA EURODIPUTADA ANA MIRANDA
Por su parte, la eurodiputada del BNG Ana Miranda, que fue quien invitó a una delegación de esta plataforma a Bruselas para reunirse, entre otros, con responsables de la ERA, subraya que «es de máxima relevancia la comparecencia» de Carr este jueves.
En este sentido, reclama una «investigación independiente» del accidente e incide, como las víctimas, en que esto es lo que pide la Comisión Europea.