El plan rector del parque natural de As Fragas do Eume divide el espacio en cuatro áreas, dos de las cuales suman el 40% donde se aplicarán figuras de máxima protección de hábitatas, flora y fauna; y otras dos en las que se permitirán actividades y núcleos de población.

A partir de este miércoles y hasta el 29 de diciembre estará a disposición de la ciudadanía el proyecto elaborado por la Xunta del Plan rector de uso y gestión (PRUG) de As Fragas do Eume, que llega 26 años después de su declaración como parque natural.

En un comunicado, la Administración autonómica resalta que el objetivo de esta ordenación es «garantizar la conservación de los valores, hábitats y especies de flora y fauna» de este espacio, que quedará dividido en cuatro áreas.

Las dos primeras abarcan el 40% de la superficie total del parque. La ‘zona I’ o de reserva incluye los espacios de alto grado de protección, mientras que la ‘zona II’ se extiende por aquellas que albergan valores naturales «de excepcional rareza, interés o fragilidad».

El 60% restante del parque se divide entre la zona de protección media, en la que estará permitida «cierto nivel de humanización», principalmente de actividades tradicionales agrícolas y forestales; y la ‘zona IIII’, donde estará autorizado un «importante nivel de humanización», incluidos núcleos rurales y vías asfaltadas.

Para el desarrollo del plan, la Xunta ha diseñado cuatro programas de actuación que estarán centrados en la protección de valores naturales, paisajísticos y culturales, así como la promoción de la investigación en el parque, el mantenimiento de infraestructuras y equipaciones o la gestión de las visitas.

Todo esto estará acompañado por un plan económico dotado de 2 millones de euros para la próxima década, a los que, según resalta la Consellería de Medio Ambiente, se sumarán otras inversiones a lo largo de los próximos años.

Con la publicación del proyecto, al que podrán realizarse aportaciones hasta finales de diciembre, el plan se encamina a su aprobación definitiva, para lo que deberá superar el trámite de audiencia y ser informado por el Consello Galego de Medio Ambiente e Desevolvemente Sustentable, previo paso a recibir luz verde por parte del Ejecutivo gallego.