La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo juzga este martes 29 de noviembre a un hombre acusado de almacenar y compartir material pedófilo desde su domicilio en el municipio lucense de Monforte de Lemos, por lo que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de ochos años de prisión.

Según relata el Ministerio Fiscal, como consecuencia de las investigaciones realizadas por la Brigada de Investigación Tecnológica de la Comisaría general de la Policía Nacional, se tuvo conocimiento de la existencia de varios archivos que circulaban por internet en diferentes direcciones y que contenían material de contenido inequívoco pornográfico infantil.

En el marco de esta investigación, se determinó que al menos un usuario realizaba la búsqueda, descarga y compartición de archivos de carácter pedófilo a través de dos IP asociadas a una línea telefónica domiciliada en Monforte de Lemos.

Tras identificar al usuario del ordenador desde donde se estaban realizando dichas descargas, se acordó la entrada y registro en el establecimiento regentado por el acusado, así como en su domicilio.

Allí, localizaron el ordenador desde donde se habían realizado las conexiones a distintos archivos de contenido pedófilo que el acusado, «con pleno conocimiento, procedió a compartir a través del programa de intercambio de archivos eMule».

De este modo, continúa el escrito de Fiscalía, permitía «conscientemente» la descarga de los archivos previamente obtenidos por él a otros usuarios de la red, que se identificaron en diferentes momentos entre los días 30 de enero de 2019 y 20 de marzo de 2019, así como entre el 4 de mayo de 2019 y el 4 de junio de 2019.

Con el material intervenido analizado, se comprobó que el acusado, bajo el nombre de usuario generado por el programa eMule, se descargó demanera consciente material de contenido pedófilo, en el que se utilizaba a menores de 16 años, numerosas fotos y vídeos multimedia.

Del mismo modo, se comprobó que el acusado no solo almacenaba elmaterial de contenido pedófilo, sino que procedía a distribuir y compartirlo entre los distintos usuarios del programa P2P.

Por estos hechos, constitutivos de un delito de corrupción de menores, la Fiscalía señala que procede imponer al acusado la pena de ocho años de prisión. Además, solicita que se le imponga la medida de libertad vigilada por tiempo de seis años y la participación en programas formativos de educación sexual.