El Parlamento de Galicia ha acordado, por unanimidad, pedir a la Unión Europea, el Gobierno central y la Xunta de Galicia, medidas para paliar las consecuencias socioeconómicas en la flota gallega el veto europeo a las pesca de fondo en 87 caladeros.

La Proposición No de Ley, propuesta este martes por el BNG y aprobada este miércoles en la sesión plenaria con el voto afirmativo de todos los diputados presentes, solicita, además de medidas a la UE y al Ejecutivo central, un plan de contingencia autonómico que «reduzca al mínimo el impacto social y económico» de la prohibición.

«Se trata de otro despropósito de la UE contra nuestra pesca. El Estado no es capaz de defender los intereses pesqueros, que suelen ser gallegos, y llueve sobre mojado con la Xunta, que no hace nada más allá de hacer informes y mandar hacerlos; informes que además hemos solicitado y aún no hemos recibido», ha señalado la nacionalista Rosana Pérez.

La Administración autonómica, ha insistido, es «incapaz de asumir ninguna responsabilidad y poner en marcha medias que palien las consecuencias del veto». A este respecto, ha recordado las numerosas «promesas y anuncios» de la Xunta, que aún no se han materializado, lo que ha tachado de «paripé».

Así, ha censurado que la Unión Europea se limitase a decir que las ayudas no eran posibles y que el Gobierno español solo propusiese o paros puntuales o «el despiece» de la flota.

«Y mientras la Xunta sigue sin reaccionar», ha acusado la nacionalista, que ha señalado que entre las lonjas de Vigo, Coruña, Celeiro, Ribeira y Burela, se ha registrado una caída de las capturas de 1.000 toneladas desde la aplicación de la prohibición.

Ha apuntado además que «en otros sectores económicos siempre se acude al rescate de los trabajadores, con los Erte u otros instrumentos; mientras que en el pesquero no ocurre».

RECURSO AL VETO

La socialista Patricia Otero, por su parte, ha defendido que el PSdeG está con los pescadores cuando aseguran «que no quieren ayudas o subvenciones, sino salir a pescar», por lo que ha censurado el veto, que considera una decisión «totalmente injusta y tomada de forma unilateral, pese al rechazo del sector y los Estados miembros».

«Llegados a esta situación, lo mejor será poner medidas compensatorias», ha reconocido la socialista, que ha reivindicado además el recurso interpuesto por el Gobierno central al veto europeo.

Durante su intervención, la portavoz de Mar del Grupo popular, Teresa Egerique, ha acusado al BNG de «hacer el paripé» en su defensa del sector pesquero «porque se mantienen como socios en Bruselas del grupo de los Verdes, al que pertenece el comisario europeo que vetó las artes de fondo».

«Ese ecologismo radical es el que está en contra de la pesca gallega, en contra de nuestra idiosincrasia», ha aseverado.

Egerique ha remarcado además el apoyo del PpdeG al recurso estatal a un veto «a mala fe, sin escuchar a nadie, por parte del comisarioeuropeo del grupo de los Verdes».

«Esta es la mejor vía para afrontar este pleito, al ser el Estado un actor jurídico privilegiado, y existen grandes posibilidades de que el recurso prospere y que el Tribunal pueda dejar sin efecto este reglamento», ha apostado, pese a criticar la tardanza en la presentación de la apelación y su conocimiento por parte de los medios de comunicación.