La concejala de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pontevedra, Eva Vilaverde, ha informado este martes que la Inspección de Trabajo ha impedido a los bomberos de Pontevedra trabajar en el interior de la nave incendiada de Pontesa debido a la contaminación por amianto.
El incendio está controlado, es decir, «la situación de emergencia pasó», pero todavía no ha sido extinguido, ya que el cereal almacenado en el interior sigue en combustión permanente y continúan apareciendo nuevos focos de incendio, por lo que se hace necesaria la labor de enfriado y el empapamiento del cereal para evitar estos rebrotes en el fuego.
Sin embargo, esta labor entraña un serio peligro para la salud, debido a que «todo el material está contaminado por amianto» procedente del material de la cubierta que ardió por completo. Por este motivo, la Inspección Laboral ha impedido esta intervención de los bomberos.
Este mismo problema se han encontrado los agentes de la Policía Judicial y Científica de la Policía Nacional que llevan la investigación sobre las causas de este suceso y que en la mañana de este martes emplearon un dron para comprobar la situación en la zona.
Eva Vilaverde ha insistido en que, en las naves de la antigua fábrica de Pontesa, se mantiene «el mismo polvorín con todas esas toneladas de grano y de cereal en permanente combustión, pero ahora todavía peor, porque están dentro de una nave que está quemada toda su estructura, sin cubierta y con todo el material contaminado por el amianto».
La concejala de Seguridad Ciudadana ha señalado que se trata de «un peligro permanente», por lo que solicita «a quien corresponda» que corrija la situación «cuanto antes».
EL AYUNTAMIENTO RECLAMA LA REPOSICIÓN DE LA LEGALIDAD
El Ayuntamiento de Pontevedra ha acordado enviar oficios a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de la Xunta de Galicia, y a Costas del Estado reclamándoles el cese completo de actividad y la reposición de la legalidad en las instalaciones de Pontesa situadas en terrenos de dominio público marítimo-terrestre o en servidumbre de protección de costas.
Además, el Ayuntamiento solicita la apertura del expediente sancionador contra la compañía Nogar, al entender que, aunque exista una autorización expresa de la Xunta para usar estas instalaciones para almacenar grano o cereales, la empresa que gestiona la nave debió solicitar la licencia municipal de actividad.
