La Xunta ha acordado este lunes con las diputaciones provinciales de A Coruña y Lugo avanzar en la renovación del convenio sobre la creación e implantación de los Grupos de Emergencias Supramunicipales (GES), que vence a finales de año.

Según informa, en 2023 el acuerdo sí incluirá para los ocho grupos de A Coruña y los siete de Lugo las mejoras propuestas por el Gobierno gallego el año pasado y que ya se aplican desde enero en los 12 GES de la provincia de Ourense.

Así se ha ratificado en la reunión de la Comisión de Seguimiento de los convenios de colaboración entre la Xunta, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y las diputaciones de A Coruña y Lugo en este ámbito. Al encuentro asistieron la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, y el director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, junto a representantes de ambos organismos provinciales y de la Fegamp.

La Xunta ha recordado que el año pasado solo la Diputación de Ourense y la Fegamp habían aceptado aplicar las mejoras previstas por la Xunta para renovar el convenio en toda la Comunidad.

De este modo, no se llegó a firmar un convenio único y se suscribieron tres acuerdos distintos: uno con la Diputación de Ourense por tres años incluyendo los aumentos de plantilla y de costes salariales en los GES de la provincia, otro con la Diputación de Pontevedra por 2 años con las condiciones anteriores, que vence el próximo año, y un tercero conjunto entre las diputaciones de A Coruña y Lugo por un año que se renovará el próximo mes y que en 2023 sí recogerá la propuesta ya formulada por la Xunta el año pasado.

LA XUNTA CELEBRA LA DECISIÓN

La Xunta ha celebrado la decisión de las dos diputaciones de sumarse a la iniciativa de la Administración autonómica que ya viene funcionando este año en Ourense.

Con la finalidad de completar y mejorar el mapa de emergencias de la comunidad «optimizando la cobertura y los tiempos de respuesta», la Xunta abogaba, entre otras medidas, por un incremento del personal para que todos los GES tengan 12 efectivos –así se hizo en la provincia de Ourense con los subGES de Lobios, Muíños, Laza, Ribadavia y Avión con la contratación de 16 personas–.

También se apostaba por equiparar el coste de los cuatro servicios municipales de emergencias de la comunidad al resto de GES y actualizar el coste salarial de los grupos. La propuesta también incluía la creación del subGES con seis efectivos en O Grove que, debido al rechazo de la Diputación de Pontevedra, remarca el Gobierno gallego, no fue posible.

La próxima renovación del convenio con las diputaciones coruñesa y lucense implicará la equiparación del coste de los cuatro servicios municipales de emergencias de la comunidad y el de Noia pasará de un coste anual de 155.000 a 320.000 euros, al igual que el año pasado en la Mancomunidad de Celanova.

En los otros dos servicios municipales de emergencias –Sanxenxo y Ponteareas–, la Xunta avisa de que no será posible hasta que la Diputación de Pontevedra acepte renovar el acuerdo en iguales condiciones.

COSTES SALARIALES

Por otra parte, la actualización de los costes salariales de los efectivos de los 15 grupos de estas provincias para adaptarlos a su coste real en la actualidad respecto al primer convenio firmado en 2013 supone un incremento anual de 40.000 euros por GES, pasando de 280.000 a 320.000 euros anuales por grupo.

Así, se evitará que en estas dos provincias se siga dando como este año «la desigualdad de condiciones entre los trabajadores de estos servicios de emergencias en comparación con las de los efectivos de los GES de Ourense».

REFUERZO

Este lunes, el vicepresidente segundo y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha participado en la entrega de esparcidores de sal a los ayuntamientos coruñeses de Boiro, Culleredo, Mazaricos, Ordes y Santa Comba, y a los ourensanos de Os Blancos y de A Mezquita, así como a la Mancomunidade do Ribeiro.

La Xunta invirtió cerca de 37.500 euros en este material de emergencia para actuar en el caso de nevadas en los municipios con una altitud media superior a los 500 metros, según lo establecido en el Plan NEGA.