Abogados que participaron en la causa del ‘Prestige’ — catástrofe marítima frente a la costa gallega de la que el próximo 13 de noviembre se cumple el 20 aniversario–, confían en que se haya aprendido algo de este procedimiento judicial y del siniestro. Mientras, muestran sus dudas en cuanto a la posibilidad de que llegue a buen término el pleito que España mantiene con la aseguradora del buque por 855 millones de euros.

Consultados por Europa Press, coinciden en que se «juega en campo británico» lo que dificulta, a su juicio, las posibilidades de un fallo favorable. Por ello, ven un «incierto futuro» o, en todo caso, «impredecible» al citado pleito.

Sobre lo ocurrido hace 20 años y el posterior pleito judicial, — con una primera sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña y un posterior fallo del Tribunal Supremo revocando la absolución del capitán del petrolero, Apostolos Mangouras, al que condenó por delito contra el medio ambiente, abriendo la puerta a que los daños de la marea negra los asumiese la armadora y la aseguradora — defienden las actuaciones llevadas a cabo.

Ramón Sabín, que representó a cofradías gallegas y otras del norte de España, defiende que la vía penal era la «adecuada» ante las dudas si se debía haber optado por ella. «No se hubiera podido iniciar una reclamación civil sin, previamente, depurar responsabilidades penales», apunta.

Al hilo de ello, recuerda que «en la acción penal va incluida la reclamación de daños, por lo que en un único procedimiento se han depurado las responsabilidades penales y han reclamado las civiles aquellos que no han llegado a una solución al margen del proceso penal».

FALTA DE MEDIOS

También defiende, pese al volumen de la causa, que el juzgado de Corcubión que llevó la instrucción era el competente y que, de haberse tramitado en la Audiencia Nacional, hubiera sido probable «que se hubieran dilatado aún más las actuaciones».

«Entiendo que ante un desastre de esta naturaleza con las consecuencias que implica para un juzgado, el de Corcubión debió haber sido reforzado de forma considerable, incluyendo funcionarios y juez de refuerzo», señala en línea con lo expuesto por otros letrados.

Mientras, cree que «no se ha aprendido mucho». «Seguimos en manos de los clubs ingleses y del Fondo para la Compensación de Daños por Hidrocarburos (Fidac) con las particularidades de sus cláusulas limitadoras de la responsabilidad». «A un buque se le debe obligar a navegar con un seguro que cubra los posibles daños que pueda generar, no es así, por eso es tan difícil depurar responsabilidades y percibir las indemnizaciones».

«Tampoco es fácil de cambiar, pero los estados ribereños, por los que circulan los buques sospechosos de ser contaminantes en exceso, debieran exigir que naveguen con un seguro que cubra los daños que puedan generar». «Las aseguradoras se ocuparían de que los buques estén en condiciones para navegar y soportar cualquier estado de la mar, pues en caso contrario no los van a asegurar».

Con todo, apunta a la experiencia que supuso ya el siniestro del ‘Mar Egeo’. «Sabíamos que lo mejor era llegar a los acuerdos indemnizatorios que ofreció el Gobierno de España en aquel momento, ya que las peleas judiciales con el Fidac y los clubs se harían interminables y así fue».

PLEITO DEL ESTADO

«Han pasado veinte años, y los que no se han acogido a estos acuerdos transaccionales siguen sin cobrar», señala Ramón Sabín, que no se atreve a pronosticar la viabilidad de la reclamación ante Reino Unido que mantiene la Abogacía del Estado con la aseguradora del barco.

«Es impredecible e imprevisible», sostiene, a su vez, sobre el posible resultado de este litigio, el letrado Cipriano Castreje, el primero, como «ciudadano, no representando a nadie» en ese momento, en presentar denuncia tras la catástrofe, según recuerda.

Lo hace aludiendo al «problema de la legislación» con Reino Unido lo que, a su juicio, dificulta la resolución a buen término para España del pleito. «Lo veo complicado, pero no imposible», apostilla.

En cuanto a si se aprendió de la catástrofe a nivel judicial, sostiene que «a toro pasado hay opiniones para todos los gustos». Con todo, coincide en que el juzgado de Corcubión era el competente, pero incide en que tenía que habérsele dotado de medios.

«Espero que hayamos aprendido la lección», sostiene en relación a las medidas que se deben adoptar para evitar siniestros de este tipo. Mientras, destaca la llegada de voluntarios para limpiar las playas.

Pedro Trepat, letrado de ‘Nunca Máis’, el movimiento que surgió poco después del hundimiento del barco, coincide con sus compañeros de profesión en que la vía penal y no la civil fue la más adecuada. «Había un delito ambiental clarísimo». «Otra cosa son los medios», señala en alusión a la falta de los mismos para una causa de estas características en Corcubión.

UN «ANTES Y UN DESPUÉS»

Ahora, 20 años después, y sobre el proceso que enfrenta al Estado español con la aseguradora, afirma que es «bastante complejo». «Es un procedimiento muy largo y con un incierto futuro», apostilla. Por otra parte, destaca las cantidades que en su momento fijó el Tribunal Supremo en relación a esta catástrofe.

A su vez, Manuel Meiriño, abogado de la asociación ecologista Arco Iris, que estuvo también personada, sostiene que el juicio del ‘Prestige’ marcó un «antes y un después». «Es la primera vez que se le dio la vuelta a una sentencia con implicación de seguros británicos que no reconocían el fuero de estos tribunales».

«Y el Tribunal Supremo condenó a los seguros y se consiguió reconocer los daños medioambientales», destaca sobre un fallo que confirmó la responsabilidad civil derivada de la catástrofe y fijó indemnizaciones por importe superior a los 1.500 millones de euros, a repartir entre el Estado español –como principal perjudicado–, el francés, la Xunta de Galicia y otros afectados, entre particulares, empresas, mancomunidades, ayuntamientos y sociedades.